¡Sed de justicia! La “Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero”, indicaron que hay retraso en las investigaciones de las 18 muertes de los civiles producto de los enfrentamientos que dejó los intentos de toma del aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac.
A raíz de ello, piden a la Fiscalía de la Nación la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos en la región Puno a fin de conseguir una investigación adecuada y transparente para sancionar a los autores de las muertes y las 204 personas heridas.
FISCALÍAS
Al inicio, la investigación de las 18 muertes de civiles, y el policía SO2 PNP José Luis Soncco Quispe, quien fue asesinado y quemado por inmediaciones del colegio San Martín por una turba, era investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado de Puno.
Sin embargo, con el paso de los días los casos fueron entregados a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Román, a cargo del fiscal provincial Ernesto Rojas Cayllahua, y dos adjuntos.
Con respecto a este punto, se conoció que en su momento la Fiscalía de Crimen Organizado sí tomó los casos por apoyar a la Fiscalía Penal de San Román, puesto que dicha fiscalía en su momento no se abastecía por la cantidad de incidencias que dejó la tensa crisis política.
IMPOTENCIA
No obstante, los familiares de las víctimas y heridos mostraron su molestia e indignación porque hasta la fecha el actual fiscal encargado de los casos no da avances de las investigaciones debido a la demora y desinterés de realizar varias diligencias y pericias que aún faltan y son importantes.
PERICIAS
“El Estado tiene derecho a detener, a investigar, pero ¡No tiene derecho a matar”, dijo enérgicamente el abogado Wilmer Quiroz Calli. A la vez, detalló que solo se han realizado las pericias toxicológicas, absorción atómica y protocolos de necropsia.
Pero aún falta realizar las pericias de balística, pericias psicológicas, así como recoger la declaración de los efectivos de la Policía y militares y citar a los agraviados para su declaración.
En otro punto, indicó que el oficial Juan Manuel Pedrea Ruiz, jefe de la Dinoes PNP Lima, y quien era el encargado de la seguridad del aeropuerto, debe responder quién y por qué ordenó a los agentes disparar a matar.
CIFRAS
Según las cifras que manejan los asesores legales de los fallecidos: hay 39 heridos de bala, 45 heridos por perdigón, 23 heridos por heridas expuestas, 20 policías heridos de consideración, y otras 77 personas por otras lesiones e intoxicación por el gas lacrimógeno.
Los detalles se revelaron durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer en Lima, hasta donde los familiares llegaron para exigir justicia con el respaldo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Lima.
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