Luego de cuatro años, la fiscal especializada en Delitos de Corrupción, Marita Cueva Ojeda, presentará en la Corte de Arequipa su acusación contra 33 personas implicadas en el caso ‘Los Correcaminos del Sur’. Para la mayoría de ellos solicita penas que superan los 10 años de prisión.
Empero, para los líderes de la presunta organización criminal, Juan Bermejo Velásquez, exasesor de la exgobernadora Yamila Osorio, y José Gamarra Vásquez, exgerente regional de Transportes, el Ministerio Público pide penas de 19 y 21 años de prisión efectiva, respectivamente.
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, que está registrada en más de 3 mil hojas, presentada ante el juez de investigación preparatoria José Málaga Pérez, se detalla que los líderes de esta organización, Bermejo y Gamarra, trabajaban con otras 31 personas para cobrar cupos de S/ 200 a S/ 500 por unidad de las empresas de transporte que brindaban servicios formales e informales de minivanes.
Los integrantes de la organización colocaban stickers a las unidades que pagaban para que pudieran circular y brindar el servicio interprovincial por un mes. Empero, los que no abonaban eran detenidos en los operativos que estaban a cargo de la gerencia de Transportes. En estos controles no solo participaron fiscalizadores de dicha área, sino también personal de varias comisarías. Esto se sabe debido a que uno de los implicados es el coronel Richard Talavera, exjefe de Inspectoría de la Policía en Arequipa. A decir de la fiscalía, Talavera habría coordinado para que la Policía apoye a la banda.
Según la fiscal, esta organización operó desde enero de 2017 hasta el 28 de diciembre de 2018, cuando se armó un operativo donde se detuvo a la mayoría de implicados. Entre ellos el exgerente Gamarra. En el caso de Bermejo, este desapareció cuando se dictó prisión preventiva para los implicados en enero de 2019 y sigue prófugo.
Por eso para Bermejo se solicita 19 años de cárcel por los delitos de organización criminal y concusión. Mientras que para el exgerente se pide 21 años de prisión efectiva. Además, se solicita que ambos sean inhabilitados de la función pública.
Para Talavera se pide una pena de 12 años e inhabilitación perpetua. Para el resto las penas superan los 5 años, según el delito.
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