Mediante la Resolución N°28, emitida el pasado 30 de enero por el juez Guido Chevarría Tisnado, del Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, se declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio formulada por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) y el Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna (PET) con respecto a la demanda del Gobierno Regional de Puno para evitar la ejecución del proyecto Vilavilani.
El juez resolvió que su despacho debe declarar su incompetencia y además declarar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso, lo que para el exgerente general del GRT, Luis Valdivia Salazar, significa que la anterior gestión regional siempre tuvo la razón al indicar que el que debería pronunciarse sobre el caso es un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Tacna (CSJT).
En la resolución el magistrado precisa que se deduce que el juzgado a su cargo no resulta competente por razón de territorio para conocer la demanda incoada sino un juez mixto de la provincia de Puno o el que hiciera sus veces en la provincia Tarata.
Refiere que los demandados GRT y PET formularon esta excepción alegando que la competencia del juez constitucional se define por dos situaciones: por el lugar donde se afectó el derecho o por donde el afectado tiene su domicilio principal, por lo que este despacho sería incompetente. La controversia debería ser dilucidada ante los jueces de Tacna.
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