Dos jóvenes abogados de la ciudad de Puno, en representación de la región altiplánica, presentaron una acción de amparo contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, su primer ministro y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia, por abusos al decretar el Estado de Emergencia que rige en el departamento desde el 15 de enero al 15 de febrero.
La demanda planteada por Cristhian Palomino García y Eddy Turpo Calcina, letrados de la firma Vox Populi, pretende se deje sin efecto el régimen de excepción declarado en Puno y otras regiones del país, por medio del Decreto de Supremo 009-2023.
El fundamento es que no se cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para su emisión, ni mantenimiento del referido Estado de Emergencia.
Y es que, la finalidad de la declaratoria de un régimen de excepción en un Estado Constitucional es únicamente garantizar la vigencia de dicho Estado en una situación específica y delimitada, razón por la cual se establece que la aplicación de un régimen de excepción debe ser empleada como último recurso, extremo y temporal.
REQUISITOS
«El actual estado de emergencia no cumple con los criterios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad», precisan en la demanda.
Los abogados explicaron que la declaratoria sería inconstitucional, ya que se extendió sin claridad, ni mayor justificación que la persistencia de las condiciones que generaron la declaración.
En el contenido de la demanda detallan que las protestas en el departamento no persisten, por lo que la medida no resulta idónea, ni adecuado seguir manteniéndola, más aún que hasta la fecha no se tiene respuesta a las peticiones de la ciudadanía».
Respecto al criterio de proporcionalidad se indica que debe analizarse si un estado de excepción ya emitido se encuentra o no coadyuvando a resolver esta situación. «Es claro que en este segundo criterio, la medida excepcional, no ha resuelto la situación, las protestas continúan presentándose todos los días, incluso con mayor intensidad, por lo que la medida es excesiva y abusiva».
IRRACIONAL
Finalmente, los abogados se explayan en que el Ejecutivo no agotó otras vías de solución, «puesto que nunca, hubo una real intención de entablar el diálogo con las autoridades y representantes de la sociedad civil en el departamento de Puno u otros departamentos del Perú… Solo se hizo oídos sordos a un pedido popular y se declaró un estado de emergencia excepcional, siendo esta la última opción que se tiene para poder solucionar un conflicto».
EN 30 DÍAS
La acción fue presentada ayer ante el Primer Juzgado Civil de Puno que debe resolver el pedido y convocar a audiencia en menos de 30 días.
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