El último 24 de enero, el jefe de la Depincri Puno, capitá PNP Manuel Chaca Evangelista, requirió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno (MPP), que remita la relación de comerciantes registrados en la comuna, con la finalidad de encausarlos por delitos ligados a las protestas.
El fin de semana, mediante Oficio 004-2023, el municipio respondió el pedido, pero lo esquivó de manera audaz. El burgomaestre corrió traslado a la gerente de Turismo y Desarrollo Económico, Rocío Arizábal Mendoza, y esta contestó al jefe policial de criminalística de Puno. «… durante la transferencia realizada con la gestión saliente no se ha recibido ningún tipo de registro, relación o padrón de asociaciones de comerciantes…».
El jefe de la Depincri Puno, solicitó la relación de nombres de los comerciantes a pedido del titular de la Segunda Fiscalía Penal, Juan Carlos Mendizábal Gallegos, para seguir con las investigaciones contra los supuestos delitos contra la seguridad pública, es decir para denunciarlos por bloqueo de vías y otros, además del delito contra el patrimonio en su modalidad de extorsión.
El alcalde declaró que ello constituye una persecución a los comerciantes y dirigentes y que se estaría concretando una «criminalización de las protestas».
NI ASÍ LO TUVIERA…
Al ser consultado sobre la respuesta que entregó a la Policía, Ponce Roque, dijo que no poseían esa data y que en un supuesto que la tuviera tampoco lo entregaría. «Si es que hubiese tampoco lo entregaría porque es como venderlo a mi hermano».
MENSAJE INÚTIL
El alcalde fustigó el mensaje a la nación que en la víspera dio la presidencia Dina Boluarte, y lo consideró «inútil porque el adelanto de elecciones para octubre ya lo rechazaron en el Congreso y lo otro de que la Comisión de Constitución se encargue de las reformas, es su trabajo. Esa señora no ha dicho nada importante, debió renunciar, se lo hubiéramos agradecido», dijo.
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