Pese a las protestas y acusaciones públicas de presuntas irregularidades en el cambio de zonificación de tres predios presentado en dos de cuatro dictámenes, estos fueron aprobados por la mayoría del Concejo Provincial de Tacna en sesión extraordinaria que finalmente se llevó a cabo el último jueves desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.
El regidor de oposición de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) Sergio Ramos Ríos refirió que sus ocho colegas del oficialismo Wilfredo Flores Quispe, Miguel Escobar Gómez, Agustín Flores Esquía, Luis Inquilla Arias, José Choque Manuelo, Manuel Chipana Tico, Elean Salas Serrano y María Nina Poma votaron a favor del cambio.
Sin embargo, señaló que el dictamen N.° 015 sobre cambio de zonificación de otros usos (OU) a vivienda taller (11R) del predio ubicado en la manzana 468, sub lote A-2 del Promuvi Señor de los Milagros, con un área de 195 mil 523,33 m2, a favor de la asociación de vivienda Milagrosa Virgen de Copacabana está observado porque se encuentra judicializado y no contaba con informe de la procuraduría pública de la MPT.
“Su aprobación fue indebida. Este cambio de zonificación tiene problemas, el dictamen no tiene informes”, señaló Ramos, quien añadió que de por medio está el reclamo de los pobladores del Promuvi, ya que se oponen a este cambio alegando que los predios son áreas de aporte para colegios, postas médicas, comisarías y otros.
Ramos indicó que el dictamen N.° 18, sobre cambio de zonificación de oficio de comercio vecinal (C3) a zona residencial de densidad media (R4) de dos predios ubicados en la habilitación urbana Promuvi Viñani IV, manzana 393, sublote 1 y sublote 1A, también podría ser calificado como “raro”.
“Sin embargo, la mayoría lo aprobó, y se les dijo que tendrán que asumir sus responsabilidades”, precisó.
El concejal, a un día de dejar el cargo, concluyó que la MPT terminó en un caos, asegurando que las cuentas de la comuna quedaron «en cero» y la gestión del alcalde provincial Julio Medina la deja endeudada porque no se canceló ni las dietas a los regidores, así como a otros servidores y proveedores que reclaman pagos.
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