Cinco municipios de la provincia de Arequipa dejaron de recoger los residuos sólidos de manera total o parcial en los últimos días. De acuerdo a Severo Molina, representante de los obreros municipales, esta situación se presenta por la falta de combustible, vehículos obsoletos y el excesivo incremento de basura.
Las comunas que perjudican a cientos de ciudadanos al no recoger la basura y crear un problema de salud pública son Cerro Colorado, Paucarpata, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y Socabaya, advirtió Molina.
En cuanto al déficit de combustible, el secretario de los obreros explicó que esta situación se presenta porque las municipalidades solo realizan contratos para que les provean de gasoholes hasta antes de los últimos días de diciembre. Esto significa que días después las estaciones de servicio ya no les llenan los tanques.
Una consecuencia de esto es lo ocurrido ayer en Cerro Colorado, donde cientos de bolsas de basura se quedaron aglomeradas en las diferentes calles del distrito debido a que no pasaron las
compactadoras.
Al respecto, Gabina Barrios, secretaria del sindicato de obreros municipales, dijo que el personal asistió a laborar, pero al no haber combustible no se pudieron movilizar. Según el gremio, la responsabilidad recae sobre Benigno Cornejo, por no prever el servicio, y más en fechas de fin de año, que es cuando se acumula el doble de basura.
Por otra parte, Juan de Dios Calla, representante de los obreros de Paucarpata, señaló que en su distrito el recojo de basura se ha desbordado desde hace unas semanas porque la gente saca muchos residuos para botar por fin de año (como colchones, maletas y muebles) y los vehículos no se dan abasto.
En Alto Selva Alegre la situación es más crítica porque solo funcionan de manera correcta tres compactadoras. Las demás están averiadas porque ya tienen más de doce años de uso. Esto impide que los vehículos cumplan sus rutas habituales y solo circulen ahora por algunas calles.
De acuerdo al jefe de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique, el abandono de funciones podría acarrear para las autoridades salientes denuncias penales con penas privativas de la libertad de 2 a 6 años.
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