La situación del alcalde de Chucuito – Juli, Justo Apaza Delgado, cuatro de sus funcionarios y un empresario, es muy grave. La Fiscalía Anticorrupción ha determinado que todos ellos se coludieron para defraudar al Estado efectuando pagos irregulares por un proyecto que demandó una millonaria inversión, la cual festinaron.
El 4 de marzo de este año, la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, consumó la dudosa Licitación Pública 05-2021-MPCH/SC-1, entregando la buena pro al Consorcio Kelluyo, para la implementación de diez canchitas deportivas en diferentes comunidades de los distritos de Pomata, Kelluyo y Zepita, a un monto de S/ 3 millones 029 mil 361. Debieron entregar la obra el 5 de octubre, pero no lo hicieron, sin embargo los funcionarios amañaron documentos e hicieron que se les pague.
DETENIDOS
El viernes 22 de diciembre desde la mañana, tras un violento megaoperativo, cuando iniciaban una Sesión de Concejo, la Fiscalía Anticorrupción de Puno, a cargo de Willian Otazú Pinto y un contingente de la Policía Anticorrupción a cargo de la comandante PNP Carla Durand Díaz, cerraron el municipio.
Se detuvo al alcalde, Justo Apaza Delgado; al gerente de Infraestructura, Alejandro Serafín Llaza Juanito; al subgrente de Supervisión y Liquidación de Obra, Mauro Cerpa Juárez; y supervisor de Obras, Richar Payehuanca Justo, y al representante del Consorcio Kelluyo, Harol Larico Quispe.
CONTUBERNIO
Información a la que accedió Sin Fronteras, da cuenta que los terrenos se entregaron el 9 de abril y que las obras debieron ser entregadas el 5 de octubre. Los pagos de acuerdo al contrato se harían por valorizaciones de acuerdo a los avances. Los funcionarios ediles se habría coludido para ‘fabricar’ informes y conformidades, desde mayo de este año.
‘ESCUCHAS’ TELEFÓNICAS
La Fiscalía solicitó a la jueza Anticorrupción de Puno, María Candelaria Morales, el levantamiento del secreto de las comunicaciones a fin de desvelar el contubernio.
La magistrada autorizó la interceptación de las llamadas desde el 1 de junio al 5 de diciembre, tiempo en que además se haría la geolocalización. Se intervino, no uno sino varios celulares del alcalde, así como los que utilizaban sus gerentes y el empresario.
Lo más indignante para la Fiscalía fue que al 5 de octubre, fecha en que tuvieron que concluir la obra, los funcionarios arriba mencionados, emitieron sendos documentos de conformidad. Y el Consorcio Kelluyo elevó un informe, comunicando la culminación de la obra y luego procedieron a pagar.
Los funcionarios ediles, incluido el burgomaestre, habrían coordinado vía celular para el pago, incluso se daban aviso de qué trámites faltaban para que estos se regularicen.
¡PROBADO!
El 3 de diciembre, el fiscal adjunto, Carlos Jáuregui Huayapa, constató que muchas canchitas estaban inconclusas y se encontraban en plena faena. La colusión quedó probada.
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