El consejero regional, José Luis Borda Cahua, salvó de la cárcel tras admitir los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, que se le imputan, siendo sentenciado ayer a una pena suspendida tras permanecer tres días en la carceleta, desde su detención el jueves en plena sesión de consejo regional. Pero no libre de las rejas ya que aún afronta una grave acusación de peculado.
El mencionado fiscalizador regional por la provincia de San Antonio de Putina, que al ser llevado enmarrocado declaró ser inocente, terminó demostrando su descarado accionar delictivo, ya que fue condenado por sus propias palabras mediante el proceso especial de “terminación anticipada”, que es un acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, el cual contempla la admisión de culpabilidad.
LA SENTENCIA
Es así que tras la detención preliminar de 72 horas, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Licely Tejada, logró que este joven pero sinuoso fiscalizador sea sentenciado a una pena privativa de libertad de 3 años y 11 meses (aplica una pena suspendida) y la inhabilitación para ejercer cargo público por 5 años y 7 meses. Además, se le impuso una reparación civil de 6 mil soles, por los delitos antes mencionados.
AUDIENCIA PRIVADA
Esta medida fue impuesta por la jueza anticorrupción, María Candelaria Morales, la misma que fue dictada en una audiencia virtual, y a puertas cerradas, tampoco se transmitió en las redes debido a que la negociación de la culpa se hizo con reserva como dispone la norma.
Dicha audiencia se inició al promediar las 9:00 horas y terminó al promediar las 13:00 horas.
CONFESIÓN
El imputado asumió su responsabilidad en los siguientes casos: la extorsión al nuevo director de la Red de Salud de Huancané, Nelson Atamari, antes de que este asuma su cargo; a quien exigió el anticipo de una carta de renuncia firmada, con huella digital y sin fecha. Todo con el fin de asegurarle dicho puesto, a cambio de tener “carta blanca” en la designación de trabajadores y el direccionamiento en la adquisición de bienes y servicios de la entidad.
MENEJABA PAGOS…
De acuerdo a la fiscalía, Borda Cahua solicitó se agilice el pago de adendas por servicios de limpieza y alimentación, seguridad y servicio de lavandería, a favor de los proveedores. En audios irrefutables, figura que le habría ofrecido 10 mil soles al director de la Red de Salud, para el manejo de procesos y para otorgar la “buena pro” a empresas de su conveniencia.
BLINDAJE
Este escándalo que terminó en sentencia, fue encubierto por la mayoría de consejeros regionales, ya que el caso, a pesar de la gravedad de la denuncia del funcionario de la Red de Salud, ni siquiera terminó en una sanción ética.
El Consejo Regional también blindó al consejero de El Collao, Jaime Chambilla, implicado en un audio donde roban combustible de una obra, y también porque su hija y «yerno» fueron contratados en obras del Gobierno Regional Puno, tal como lo reveló Sin Fronteras.
PROCESO DE VACANCIA
Según el Art. 30 de la Ley de Gobiernos Regionales, la vacancia y suspensión de cargos se puede dar por condena consentida o ejecutoriada por delitos dolosos con pena privativa de la libertad.
En ese marco, el presidente del consejo, Freddy Rivera precisó que se convocará a sesión de consejo para tratar dicha vacancia. Posteriormente los resultados serán elevados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que luego deberá de acreditar al consejero accesitario. Dicha sesión se realizará el primero de diciembre.
DENUNCIA DE PECULADO
Pese a que dicha sentencia no terminó en una pena efectiva, Borda aún sigue afrontando graves acusaciones de corrupción. El 9 octubre del 2020, el consejero José Luis Borda y la consejera por Carabaya, Noemí Leque, fueron ampayados un presunto acto de peculado, ya que paseaban en el vehículo del Estado de placa de rodaje EGM-355.
Según Freddy Rivera, este hecho pasó de la Comisión de Ética a la Procuraduría Regional del Gobierno Regional de Puno, la misma que en dos años no pudo consolidar dicha acusación .
Actualmente dicho proceso duerme el “sueño de los justos” a plena vista del Ministerio Público. La sentencia establecida para estos delitos es no menor de 4 y no mayor de 8 años de pena privativa de la libertad.
Se sabe que el encubrimiento no sería gratuito, pues los consejeros canjean sus votos en el consejo región.
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