La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, por lo que recomienda que el jefe de Estado sea inhabilitado cinco años.
La denuncia constitucional responde a una entrevista del mandatario a CNN en Español, en enero de este año, en la que el mandatario se mostró a favor de que Bolivia tenga un acceso al mar.
LA ENTREVISTA…
“Es un clamor de Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, dijo Castillo al periodista Fernando del Rincón, a la pregunta si su gobierno le daría salida al mar al país altiplano.
Por ello, se le acusa de haber violado los artículos 32, 54, 110 y 118, en sus numerales 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú.
POR UN VOTO
Votaron a favor del informe final 11 congresistas, mientras que 10 parlamentarios rechazaron las imputaciones contra el presidente Castillo Terrones. Ningún legislador se abstuvo. Los que se oponían fundamentaron que era antijurídica y que prácticamente, están «sentenciando políticamente un hecho que no tiene asidero legal ni constitucional».
¿AHORA QUÉ SIGUE?
El abogado constitucionalista Heber Campos detalló cuáles serán los pasos a seguir tras la aprobación de dicho informe por parte de la subcomisión que preside Lady Camones, expresidenta del Congreso.
Explicó que, según establece el artículo 89 del Reglamento del Parlamento, corresponde que la Comisión Permanente se pronuncie y, posteriormente, ratifique la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
COMISIÓN ACUSADORA
De ser aprobado el documento, la comisión nombrará a una subcomisión acusadora conformada por uno o más integrantes de la SAC para que sustente la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.
“La Comisión Permanente tiene la competencia de rectificar el criterio de la SAC o confirmarlo, si es que ocurriera esto último se tendrá que designar una suerte de grupo que va a sustentar la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso”, indicó.
66 VOTOS
Heber Campos indicó que la sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político, requiere el voto de 2/3 del número de miembros del Congreso. Quedan excluidos de esta votación los integrantes de la Comisión Permanente, lo que equivale a 66 congresistas en una curul de cien.
SUCESIÓN
Para este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata, por lo que Castillo Terrones sería relevado por su vicepresidenta Dina Boluarte. Posteriormente, el expediente con la acusación constitucional sería enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Comentarios de Facebook