Contraloría vigilará rendición de cuentas y transferencias de gestión.Contraloría vigilará rendición de cuentas y transferencias de gestión.

Los alcaldes y funcionarios de las gestiones regionales y municipales salientes que no entreguen correctamente la documentación y rendición de cuentas de su administración de cuatro años conforme establece la directiva de la Contraloría General de la República serán denunciados civil, administrativa y penalmente, advirtió el especialista en gestión pública y transferencias de gestión Luis Castrejón.

“Los nuevos mecanismos de control digital son más rigurosos y hasta penalizan a quienes están por acabar los gobiernos municipales y regionales, ya no es como antes”, señaló.

Explicó que para una buena gobernanza los alcaldes están obligados a registrarse en el aplicativo informático de rendición de cuentas de titulares en la Contraloría General. “La Contraloría y las oficinas de control institucional vigilarán el desarrollo de los procesos de rendición de cuentas y la transferencia en los plazos que manda la norma”, precisó Castrejón, quien agregó que los llamados “cortes de gestión” se establecen en la misma directiva y las autoridades deben respetarla.

“No es correcto realizar procesos de contratación de personal y de servicios y tratar de gastar el presupuesto, generando contratación ilegal de CAS y de trabajadores permanentes, eso será observado en adelante”, puntualizó.

SANCIONES

El especialista señaló que las autoridades y sus equipos técnicos deben ceñirse a once sistemas administrativos de transferencia.

“Por ejemplo, las gerencias de Planificación y Presupuesto ahora pertenecen al sistema administrativo de presupuesto público, y en el sistema de la Contraloría hay un aplicativo informático con toda la documentación y anexos que deben presentar”, indicó.

Advirtió que según la nueva directiva 016-2022-CG/PREVI, hay tres tipos de responsabilidades administrativas: por rehusamiento, por omisión y por no entregar en su debida oportunidad la información.

“Hay responsabilidad administrativa, civil y penal para las autoridades y funcionarios salientes, de acuerdo a la directiva de la Contraloría”, explicó.

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