La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la tarde de este martes una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Así lo informó el Ministerio Público desde su cuenta de Twitter, donde precisó que el documento suscrito por la fiscal de la Nación fue ingresado a la mesa de partes del Congreso de la República.
Indicó además que la denuncia constitucional alcanza a Juan Silva Villegas por su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Geiner Alvarado López por su gestión en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario.
Actualmente el presidente Castillo afronta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen en algunas de estas carpetas fiscales como investigados por diversas licitaciones de obras.
El Congreso indicó que recibió el documento presentado por la fiscal de la Nación y procedió a derivarlo a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde será visto oportunamente.
HALLAZGOS
Al respecto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que esta denuncia constitucional se da como parte del hallazgo de una sospecha fundada de la comisión de dichos delitos en los casos denominados ‘Ministerio de Transportes y Comunicaciones’, ‘Puente Tarata’, ‘Petroperú’ y ‘Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento’.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, señaló en conferencia de prensa.
Precisó que entre los indicios que sustentan la denuncia constitucional se ha descubierto que habría una obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, el cobro de porcentajes de licitaciones, y el uso ilícito de facultades presidenciales.
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