En el marco del megaoperativo de control realizado en Tacna la Contraloría General de la República determinó que a inicios de 2019 personal del Gobierno Regional de Tacna benefició económicamente con 22 millones 36 mil 485 soles a la empresa ejecutora de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue” al emitir opinión favorable para la suscripción de la adenda 6 del contrato respectivo, que permitió modificar los cronogramas y calendarios vigentes para su desarrollo.
Mediante el informe de control específico N.° 4231-2022-CG/GRTA-SCE la entidad de control detalló que funcionarios y servidores de la entidad cambiaron el programa de ejecución de la obra, el calendario de avance y el de adquisición de materiales, además de los cronogramas vigentes, permitiendo que la contratista incluya la etapa de compra del equipamiento, que se omitió durante la aprobación del expediente técnico del proyecto.
Pese a que había sido declarado improcedente por la empresa supervisora y la anterior gestión regional, se efectuó el desembolso de 22 millones 36 mil 485 soles por concepto de adelanto, de los cuales 19 millones 207 mil 883 soles a la fecha aún no se recuperan.
La comisión de control determinó que los funcionarios y servidores involucrados, para beneficiar a la contratista, sustentaron sus informes y pronunciamientos en que las modificaciones iban a dotar de una adecuada secuencia lógica a la obra; sin embargo, la Contraloría reveló que dicha causal no existía. Contrariamente los trabajos se desaceleraron y se redujeron los porcentajes de avance.
De esta manera no se permitió que se revele el verdadero atraso de la obra a febrero de 2019, impidiendo que el supervisor anote dicho atraso y comunique la causal de resolución de contrato o intervención económica. Los nuevos cronogramas además fueron utilizados por la contratista para solicitar ampliaciones de plazo que a la fecha se encuentran impugnadas ante el Poder Judicial.
Por estos hechos la Contraloría encontró presunta responsabilidad penal en seis servidores y funcionarios públicos, quienes por decisión consciente y voluntaria emitieron pronunciamiento, otorgaron opinión favorable, declararon procedente y aprobaron la modificación de calendarios a través de la emisión de una resolución gerencial y la posterior suscripción de la adenda 6 del contrato.
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