Otros consejeros y funcionarios también están involucrados en la organización.Otros consejeros y funcionarios también están involucrados en la organización.

Élmer Cáceres Llica seguirá en la cárcel por el caso ‘Los hijos del cóndor’. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de la exautoridad regional para que se le revoque el mandato de prisión preventiva por 36 meses.

La sala superior consideró que no hubo ilegalidad alguna en el uso de un agente especial en el caso ‘Los hijos del cóndor’ y que actualmente sí hay peligro de fuga del exgobernador debido a que la pena que pide la Fiscalía para él es de hasta 31 años de cárcel.

Los magistrados de la Sala Penal Permanente emitirán su pronunciamiento ante el recurso de casación interpuesto por la defensa de la autoridad.

Luego de este fallo, el abogado de la exautoridad, Humberto Abanto Verástegui, anunció que el gobernador presentará un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional.

ARGUMENTOS

Para la defensa de Cáceres, los frentes que han sido valorados, en su opinión, carecen de sustento. Por ejemplo, en el caso de la participación de la agente especial, que aportó audios que revelan la responsabilidad de Cáceres, estos no fueron homologados en la investigación para utilizarlos como elementos probatorios. Es decir, no se ha reconocido la voz o se ha sometido a pericias.

Otro cuestionamiento de Abanto es el peligro de fuga. Explicó que el juez y la sala fundaron el peligro de fuga en el solo hecho de que Cáceres era jefe y miembro de dicha organización criminal, sin determinar su vínculo de superioridad que le permitiera sustraer a ciertos miembros de la acción de la justicia.

Con esta resolución, la posibilidad de que Cáceres retome funciones en el Gobierno Regional de Arequipa ha quedado descartada y la gobernadora interina Kimmerlee Gutiérrez continúa firme en su puesto.

JEYMI FLORES

En la audiencia que se realizó este miércoles también se evaluó el recurso interpuesto por la exconsejera Jeymi Flores Quicaña, quien también está involucrada en los presuntos actos de corrupción. Para ella también se declaró infundado el pedido.

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