La fiscal superior Katherine Salazar Calderón sustentó la apelación a la sentencia contra el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar. Esta vez, el Ministerio Público solicitó la revocatoria de la pena de seis años y pide que se amplíe a nueve años de condena efectiva.
El caso por el que la autoridad provincial podría ser sentenciada es la adquisición e instalación de 40 cámaras de vigilancia al consorcio Soluciones Andinas mientras se desempeñó como alcalde del distrito de Alto Selva Alegre en el 2012.
En la última audiencia desarrollada este lunes 25 de julio, en el marco del juicio de apelación de sentencia contra Candia Aguilar por el delito de colusión agravada, el fiscal superior Carlos Herrera terminó de sustentar los agravios en contra del imputado y concluyó que el edil tenía pleno conocimiento y voluntad para crear un escenario funcional dentro de la gestión administrativa municipal de Alto Selva Alegre con la intención de desviar responsabilidades y permitir, de forma directa o indirecta, la contratación irregular de una empresa.
Herrera también sostuvo que intencionalmente omitió la declaratoria de nulidad del contrato y no observó el pago total del mencionado convenio, así como la ilegalidad del mismo.
Todo esto, refirió el fiscal, a raíz de que delegó funciones para deslindarse de sus obligaciones, acción por la cual se generó perjuicio al Estado.
Por su parte, la defensa del alcalde provincial sostuvo que el burgomaestre no tenía participación durante las fases de contratación, menos un deber o vinculación específica con el proceso, pues su trabajo se basa en deberes generales, no en conductas específicas.
ACUSACIÓN
No obstante, Herrera aclaró que Candia sí tenía un vínculo funcional, como se cita en la acusación desde un inicio. La Fiscalía manifiesta que ideó todo empezando por la delegación de facultades. Mencionó, además, que la sentencia inicial está plenamente justificada.
Sin embargo, durante la intervención de la fiscal Salazar Calderón, ella precisó que el Ministerio Público considera que el juez no tomó en cuenta en su sentencia los daños a la comuna distrital ni a la población de dicha jurisdicción, frente a la compra inservible de los equipos malogrados y que generaron una tremenda deuda, así como el favorecimiento del contrato a un solo postor.
Además, afirmó que se generó un perjuicio de más de 2 millones y que, debido a su profesión de abogado y su experiencia en informática, Candia tuvo la facilidad de cometer el ilícito. Sobre este último punto, la defensa de Candia dijo que son acusaciones que no vienen al caso y que el pedido de más años de pena carece de fundamento jurídico.
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