“En la empresa Intigold Mining S.A. se habría enquistado una organización criminal con fines ilícitos”, fue lo que la Fiscalía argumentó durante la audiencia de apelación -por parte de los acusados- para revocar los 10 días de detención preliminar de los 31 mineros detenidos por estar involucrados en la masacre que ocurrió el pasado 2 de junio en Caravelí.
Para el fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, Julio César Tapia, la organización criminal vendría perpetuando sus crímenes desde el 2020 y estaba liderada por Rossana Calmet Guazzoti de Camarero, quien es dueña y gerenta de la empresa.
Ella habría contado con el apoyo policial del general PNP Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la IX Macrepol Arequipa, del capitán PNP Juan Carlos Velásquez Soto y el teniente Sergio Pari Cayllahua (le habrían dado protección a la empresa).
Los tres oficiales fueron incluidos por la Fiscalía como parte de la organización criminal, en la que también figuran la abogada Karen América Alarcón Chipana, quien sería el brazo legal, y la empresaria Luz Zapana Bustinza, quien otorgaba equipos logísticos. Finalmente, en la estructura de la organización figuran los sicarios que contrataban para los enfrentamientos con los mineros.
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