En marzo del 2019, a través de la Resolución n° 386, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) validó los reajustes remunerativos a favor de su personal administrativo y el pago de devengados a 45 de sus trabajadores.
Estos actos resolutivos se habrían efectuado de manera irregular y generaron un perjuicio económico de más de 2 millones 677 mil soles a la entidad.
Esta situación fue observada por la Contraloría mediante el informe de control posterior n° 012-2021-2-0710.
Según el órgano de control, los funcionarios de la GREA decidieron iniciar los trámites para el reajuste remunerativo de su personal tras no ser incluidos en la Resolución n° 517-2018, emitida por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Esta disposición validó nuevos montos en planillas del personal administrativo de la sede central del GRA y de algunas unidades no ejecutoras, todos ellos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n° 276.
Sin embargo, la resolución en cuestión se aprobó sin cumplir las reglas fiscales. Esto debido a que el GRA y la GREA no tendrían la competencia de aprobar reajustes remunerativos a favor del personal bajo el D.L. n° 276 y otro régimen laboral.
Pese a estar prohibido, se procedió con los reajustes remunerativos, habiendose desembolsado en 2019 546 mil 108 soles y en 2020, 474 mil 151.
Asimismo, se habría pagado 1 millón 656 mil soles por devengados.
Ante este hecho, la Contraloría dispuso iniciar acciones civiles y administrativas contra el gerente regional de Educación de ese entonces, Milton Casaperalta, y otros 5 funcionarios y exfuncionarios.
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