El día anterior se reveló que el último 10 de mayo, la fiscal superior, Judith Contreras Vargas, dispuso el archivamiento de la investigación contra los fiscales Eliot Albarrán Burgos y Manuel Deza Castillo, aun cuando el 11 de abril de este mismo año, la Fiscalía de la Nación le ordena que formalice denuncia contra ambos por omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales.
La magistrada justificó su fallo en el sentido que el delito habría prescrito.
¿LA SUSPENSIÓN?
Empero, también desestimó sobrada jurisprudencia de la suspensión que ordenó el PJ por la pandemia. Son más de 6 meses que debió considerar a la hora que computar la supuesta prescripción.
El 17 de noviembre de 2019, unos policías al mando del mayor PNP Pedro Campos Cusihuamán, irrumpieron en la comunidad, so pretexto de un operativo antidrogas, y arrancharon S/ 7000 y US$ 1.500, además de otros enseres. El oficial luego devolvió el dinero.
Contreras Vargas, sostiene que el delito prescribió a los dos años, es decir en noviembre de 2021. Pero ignora que ella misma inició una investigación preliminar en junio de 2020 y de acuerdo al artículo 83, debió considerar que los plazos de prescripción se interrumpieron.
La fiscal superior evitó declarar al respecto y dijo que su fallo aún no estaba consentido.
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