Por tercera vez, el gobernador regional, Agustín Luque Chayña, insiste en la variación de su mandato y abandonar el penal de Yanamayo, donde está internado desde el 8 de noviembre de 2021.
La autoridad regional y su asesor legal, Jhon Martínez, son acusados de coludirse con los empresarios chinos que ejecutaban la construcción del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, obra que fue entregada a un costo que supera los 329 millones de soles.
La audiencia de cesación de prisión preventiva estuvo programada para ayer a las 15:00 horas, pero debido a errores en la notificación a los representantes del Ministerio Público, esta tuvo que ser suspendida y reprogramada para el próximo miércoles a las 09:00 horas.
Sin Fronteras obtuvo acceso al pedido, esta vez presentado la semana pasada en hojas membretadas por el Estudio Jurídico Romaní & Asociados. El 27 de mayo, el juez Javier Arpasi Pacho, fijó que este se debata en audiencia virtual en la fecha antes mencionada.
La solicitud de 37 páginas, presenta nuevos elementos de convicción y afianza el arraigo de Luque Chayña.
ESTRATEGIA
La defensa del gobernador hizo que la Fiscalía Anticorrupción realice una constatación en la sede del Gobierno Regional Puno, el último 23 de mayo, en las oficinas de Tesorería.
El responsable de esa área, Rolando Zea Mallea, informa la existencia de cartas fianza del Consorcio chino, así como los estados bancarios de las cuentas del GRP, y los adelantos que se depositaron.
Los abogados de Luque preguntaron si se ha realizado algún desembolso por concepto de devolución de penalidades a favor del Consorcio Hospitalario Manuel Núñez (empresa china).
La respuesta fue negativa. «Siendo que no se ha ubicado ningún monto».
La estrategia de Luque Chayña es diluir un supuesto daño que su gestión haya provocado al Estado. Y además pretende demostrar la cautela que se tuvo para velar por los intereses de la entidad regional, ya que hallaron las cartas fianza que vencen el 3 de julio de 2022 y el 18 de noviembre de 2022, por 32 millones 937 mil 3423.06 soles, y 32 millones 937 mil 343 soles respectivamente.
De igual forma se puso a la vista los estados de cuenta y pagos a la empresa china, que se habrían hecho debidamente, y que demostrarían que no hubo perjuicio patrimonial.
Los abogados sustentan de ese modo y con más estudios contables, «la no concurrencia de fundados y graves elementos de convicción» que vinculen el delito de colusión agravada; además insisten que no hubo acuerdo colusorio para defraudar al Estado.
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