En la víspera, el presidente Pedro Castillo presentó el proyecto de ley para prohibir los monopolios y oligopolios y sostuvo que ello era para regular el alza de los precios que se harían con concertación y especulación de algunas empresas.
La medida ha sido criticada por muchos especialistas en la capital y en Puno no fue la excepción.
El abogado Miguel Pino Ponce considera que la iniciativa no tiene sentido. “Es una supina reiterancia. Es decir, prohibir lo prohibido, porque ya la Constitución, que tanto la odian, prohíbe los monopolios, está consignada en el artículo 61”. Efectivamente, ese párrafo señala: “…El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.”
El letrado que además es especialista en Derecho Económico, sostuvo que el Decreto Legislativo 701, destinado a eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, fue derogado y en su lugar se aprobó la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, esto con Decreto Legislativo 1034). Como ven ya hay normativa. pero, el primer ministro, ha nombrado a Julián Palacín, como presidente del Indecopi, que no tenía experiencia en derecho de la competencia. Ahí están los resultados”.
MAYOR CONTROL
Sobre el fundamento de esta ley, que ejercería control para que no se eleven los precios de manera irreal, también lo contradijo. “No se controlan los cárteles, ni las concentraciones que dan como resultado las prácticas monopólicas; ahí se debe atacar. Controlar los precios resultará que el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque habría más acaparamiento y especulación”, agregó.
Recomendó que lo que se tiene que hacer es promover la competencia formal. “En Puno la informalidad alcanza al 97%, la tasa más alta del Perú. Ellos son quienes hacen una economía sumergida y con grandes capitales. Por si acaso, si los aranceles existen o son altos, no es culpa del Congreso, sino del Ejecutivo; es facultad indelegable del presidente el tema arancelario”, concluyó.
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