El procurador del Gobierno Regional de Puno (GRP), Gerardo Zantalla Prieto, solicitó a la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Puno, requerir prisión preventiva para diez personas entre las que figuran Agustín Luque Chayña y su esposa Olinda Pacheco Aguilar.
El pedido alcanza a Narda Castillo Castillo, exgerenta de Infraestructura y pariente de la esposa de Luque; Hilda Quispe Illacutipa, exjefa de Abastecimiento; Jhon Martínez Molina, exasesor jurídico (preso con Luque); Enrique Almonte Pilco, exjefe de Recursos Humanos; Jhon Vargas Coha, Eva Yovana Apaza Gómez, Yovana Alvarado Calsín y Karina Huillca Huamán.
«ILICITACIONES»
El requerimiento de prisión planteado por el procurador obedece a que mediante disposición N° 01-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, se aperturó investigación preliminar contra los implicados que habían tejido una organización para dirigir millonarias licitaciones.
Entre los supuestos faenones y negociados que se dirigió figura con mayor sospecha la construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno que demandó S/ 329 millones.
El millonario proceso fue dirigido por Narda Castillo Castillo, quien tiene parentesco familiar con Olinda Pacheco (cónyuge de Luque). Ambas son naturales del distrito de Cabanillas y sus lazos familiares devienen desde esa localidad. Narda y Olinda son bisnietas de Serapio Castillo Castillo y Genara Zúñiga.
La madre de Narda Castillo es prima del papá de Olinda Pacheco. El procurador afianza su denuncia con documentos y acciones que complican a la exgerenta de Infraestructura, quien antes ocupó el cargo de jefa de Supervisión y Liquidación de Obras, y como tal dirigió la licitación para edificar el mencionado hospital.
Como se recuerda, la Contraloría detectó que la buena pro de esa megaobra no debió entregarse al consorcio chino. El comité de selección que presidía Narda Castillo, debió advertir que no reunía condiciones ni tenía experiencia en el rubro de hospitales, pero le dieron el máximo puntaje.
Este y otros están fundamentados en informes de la Contraloría, actuados administrativos, entre otros.
La organización, según la Procuraduría, operaba con opiniones legales de Martínez Molina; Enrique Almonte, sería el operador y Quispe Illacutipa encaminaba los procesos. Según Zantalla todos actuaban coordinadamente para dirigir procesos de licitación del cual, se presume, los beneficiarios pagaban un porcentaje.
La mayoría de funcionarios de Luque tenían el común denominador que estaban vinculados con Olinda Pacheco. La mayoría trabajaron en el municipio en la gestión del exalcalde Iván Flores.
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