Arequipa. De acuerdo a los resultados de las auditorías realizadas en instituciones públicas a lo largo del 2021, la Contraloría General de la República observó un perjuicio económico equivalente a S/ 85 millones originado por 400 funcionarios públicos en la región Arequipa.
El gerente regional de Control de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán, indicó que el perjuicio total alcanza los S/ 110 millones, cifra cuatro veces mayor a la de los últimos años, si se consideran los últimos tres informes de control que aún no han sido publicados. Estos informes son de operativos realizados en proyectos de Camaná, La Unión y Castilla, los cuales generaron una pérdida de S/ 25 millones.
El tipo de sanción varía según la responsabilidad de cada funcionario. No obstante, la falta más reiterativa es de orden administrativo. Entre los funcionarios más conocidos se encuentra el alcalde provincial Omar Candia Aguilar, la exgobernadora regional Yamila Osorio, el exgerente regional Gregorio Palma, y Christian Nova, exgerente de Salud.
En cuanto a los informes de control donde detectaron prejuicios económicos, los proyectos datan de diferentes jurisdicciones.
Por ejemplo: el Centro Recreativo en Majes originó una pérdida de S/ 12 millones 690 mil 062; el hospital de Cotahuasi, S/ 6 millones 193 mil 037; colocación de murales en la Variante de Uchumayo, S/ 2 millones 654 mil 374; saneamiento Quicacha, S/ 2 millones 525 mil 785; fondo inversión Sedapar, S/ 2 millones 121 mil 831; y la instalación de agua potable en Cháparra, S/ 2 millones 039 mil 448.
También el incremento de remuneraciones en la Gerencia Regional de Educación género una pérdida de S/ 2 millones 677 mil 909; en el apoyo alimentario brindado por la Gerencia de Trabajo se perdió S/ 2 millones 329 mil 588; incremento del CAFAE, S/ 1 millón 502 mil 918; pago de bono covid-19 en la Gerencia de Salud, S/ 321 mil 840; entre otros perjuicios.
SE VIENE
Fabio Niño de Guzmán informó que las próximas intervenciones de la Contraloría de la República en la región será en 248 instituciones educativas para supervisar sus instalaciones de cara al retorno a las aulas, además de un megaoperativo en diversas entidades públicas.
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