La última noticia que recibieron los asociados de la disuelta Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (PrestaPerú), el 24 de agosto del 2019, sobre su dinero, fue que el Poder Judicial, a través del Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, designó al liquidador judicial de la entidad, lo que permitirá que se proceda con la realización de los activos y al pago de los acreedores, conforme al orden de prelación establecido por ley.
Según el excongresista por Arequipa y abogado, José Luis Ancalle, los primeros en ese orden son los trabajadores de las 20 cooperativas que fundó PrestaPerú en diferentes regiones del país, como Arequipa, Moquegua, Puno, Huancayo, Lima, Callao, Piura, Ucayali, Cusco, Tumbes, entre otras. Luego, se procederá con el pago a los acreedores, y finalmente el sobrante se dispondrá para devolver el dinero a los ahorristas.
Sin embargo, este proceso no será sencillo, debido a que los activos de la empresa presentan serias irregularidades. Los bienes están sobrevaluados. PrestaPerú aducía bienes por S/ 345 millones, pero estos solo alcanzarían los S/ 12 millones. Por nombrar un ejemplo: en su momento, Óscar Basso, superintendente adjunto de Cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), relató que para maquillar las pérdidas, la entidad financiera infló la tasación de una propiedad ubicada en la amazonía, de S/ 2 millones a S/ 240 millones.
PrestaPerú presenta otro problema para recuperar dinero de los activos; un grupo importante de propiedades estaba puesto en garantía y las cuentas embargadas.
Bajo estos supuestos, Ancalle Gutiérrez refirió que los ahorros de 5 mil 531 ahorristas en Arequipa, de los 9 mil 871 socios de todo el país, están lejos de llegar al bolsillo de los afectados. Una de ellas es Victoria Bernedo, profesora de 64 años, quien tras la pandemia quedó devastada económicamente. Ella confió 7 mil dólares a PrestaPerú y su esposo una suma superior. Este dinero iba ser usado para la vejez de ambos, sin embargo, tras la disolución de la empresa, entendieron que su único camino era empezar de nuevo. Con la llegada de la pandemia el 2020, sus ingresos se vieron reducidos, a tal extremo que tuvieron que mudarse de vivienda a una más chica porque no les alcanzaba para cubrir los gastos.
Los ahorristas no solo reclaman por su dinero, también exigen justicia desde hace más de dos años. Ancalle explicó que por la parte penal y administrativa hay un vacío; primero, porque la SBS interviene cooperativas con el lema de estar protegiendo a los socios, pero la realidad es que los perjuicios son mayores al declarar la liquidación. De ahí que reiteró la importancia de que el Congreso legisle el mecanismo de intervención de la SBS.
En cuanto a lo penal, lamentó que como en miles de casos, el Ministerio Público tarde en dar justicia, y la justicia que tarda no es justicia.
Con suerte, los ahorristas recibirán algo de su dinero, un monto muy menor.
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