Arequipa. El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, solicitó a los miembros del consejo regional dejar de lado sus diferencias personales e intereses políticos y priorizar el desarollo de la región. Según Manrique, en la agenda se debe dar prioridad a los sectores salud y educación, reactivación de proyectos y eliminación de la corrupción.
Para empezar, el funcionario exhortó a los consejeros a elegir a un representante que cumpla con un perfil ético que garantice una gestión transparente en los meses que restan, puesto que sus acciones serán una antesala para las nuevas autoridades que sean elegidas en las elecciones de octubre de 2022. Se debe dejar de lado a personas con acciones cuestionables para acabar con la corrupción.
De inmediato, el consejero elegido como gobernador deberá garantizar la continuidad del proceso de vacunación contra el coronavirus en Arequipa y seguir proponiendo estrategias para promover la inoculación y alcanzar la inmunidad de rebaño. Además, deberá presionar a los hospitales para que aceleren con la habilitación de la consulta externa para patologías no covid-19.
Respecto a la educación, Manrique señaló que la autoridad elegida debe dar mantenimiento a los colegios que no están habilitados para que los alumnos vuelvan a las aulas, ya que de esa forma se asegura el retorno del 100% al año siguiente. Sin embargo, para las escuelas que hoy están en condiciones, el gobierno regional debe exigir el retorno en diciembre, así como el lanzamiento de un plan de recuperación en enero y febrero para los alumnos que necesitan reforzamiento.
También es prioridad la reactivación de proyectos paralizados, dijo Manrique. Señaló que se deben retomar las obras de los hospitales, así como los colegios y proyectos emblemáticos como la vía de 4 carriles en Cono Norte. Explicó que es importante esta reactivación porque no solo genera desarrollo, sino también puestos de trabajo.
El defensor señaló que en las últimas semanas las quejas con mayor predominancia son por la atención en hospitales, suspensión de puestos de trabajo y pago de docentes cesantes.
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