Arequipa. Esta semana se decidirá el futuro de Élmer Cáceres Llica y otros siete investigados vinculados al caso de la presunta organización criminal ‘Los hijos del cóndor’. La mayoría de las posibles penas para los implicados oscila entre los 14 y 16 años, pero en el caso del gobernador, de comprobarse que es el líder de la red criminal, según la prognosis emitida por el fiscal Arturo Valencia, la pena sería de 22 a 31 años de cárcel.
A la fecha, el Poder Judicial ha revisado el requerimiento de prisión preventiva de 7 de los ocho investigados, que son Cáceres Llica, Gregorio Palma Figueroa, Ronal Veto Bernal Huarca, Marcelo Córdova Monroy, Wilfredo Llaiqui Cáceres, Napoleón Segundo Ocsa Flores y Mario Jacobo Jacobo. Queda pendiente de revisión el de la consejera Jeymi Natividad Flores Quicaño.
En esta oportunidad, a la mayoría de ellos la suerte no los acompañaría, ya que participan en más de un audio que viene analizando el Poder Judicial. Sin embargo, la situación es diferente para cada investigado. Por ejemplo, en el caso de Cáceres Llica, de ser hallado responsable de los delitos de organización criminal y cohecho, la pena mínima, como líder de la red, sería de 22 a 31 años de cárcel.
Como parte de los elementos de convicción, el fiscal evidenció que el gobernador ofreció beneficios en obras hasta por S/ 50 millones para 7 consejeros, además de la contratación de residentes y personal al interior de la entidad regional, terrenos en Majes, Caravelí y Siguas, a cambio de apoyar su gestión y no fiscalizarlo.
En tanto que para Gregorio Palma, quien se desempeñaba como gerente general del GRA, se solicitará 16 años por presuntamente colaborar, ofrecer obras y lotes para pactar con los consejeros regionales.
En cambio, para Córdova, exgerente de Autodema, se ha propuesto una pena tentativa de 16 años de cárcel por organización criminal y cohecho activo. Los hechos que se le atribuyen son haber ofrecido tierras a los consejeros a cambio de favores políticos. También colaboró para presionar en la modificación de la Ordenanza Regional N° 233, que se refería a la venta directa de 5 mil 200 hectáreas a una asociación.
El también exgerente de Autodema Napoleón Ocsa podría ir 16 años y 8 meses a la cárcel si se comprueba su participación. En la transcripción de los audios, Ocsa concerta con los consejeros y el dirigente de la asociación Pampas Bayas una serie de maniobras para apropiarse de terrenos de Autodema y del proyecto Majes Siguas II.
El Ministerio Público planteó una condena de 15 años para el presidente de la asociación Pampas Bayas, Jacobo Jacobo, quien en su calidad de presidente ofreció directamente y en varias oportunidades a los consejeros involucrados, tierras de su asociación para que aprueben la modificación de ordenanzas regionales, que le beneficien en la adquisición de terrenos.
Una vez que culmine la imputación a Flores hoy, el juzgado resolverá si ampara o no el pedido de prisión preventiva contra los investigados.
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