Luego de más de ocho horas y media de debate, el juez Youl Riveros Zalazar, admitió el pedido de prisión preventiva de 9 meses contra el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña; su asesor jurídico, Jhon Martínez Molina; y el ciudadano chino Chen Junkun Con, sobre quien pesa orden de captura al estar prófugo.
Ellos son procesados por el delito de concusión en su modalidad de colusión agravada, por una supuesta concertación para anular una penalidad de 504 mil soles impuesta al consorcio chino que construye el Hospital Manuel Núñez Butrón. Dicha obra demanda una inversión de 329 millones de soles y debido a múltiples problemas está paralizada.
Cabe mencionar que Luque Chayña y Martínez Molina están detenidos desde el sábado 30 de octubre. También se detuvo a los abogados Liliana Larico Berbejo y Hans Larico Apaza, del Centro de Conciliación Mediar Puno, quienes serán liberados ya que el fiscal anticorrupción William Otazú Pinto, no presentó el requerimiento sobre ellos.
La audiencia se inició pasadas las 09:00 horas, vía Google Meet y concluyó a las 17:41 horas, tiempo en el cual se sintieron airadas protestas por ambas posturas en las calles de la ciudad de Puno y en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Puno (CSJP).
En poco más de dos horas, el fiscal sustentó el requerimiento, alcanzando elementos de convicción que afianzan el delito imputado.
Aseveró que el gobernador y el asesor jurídico habrían concertado con el empresario chino para defraudar al Estado, no únicamente con los S/ 504 mil exonerados, sino con mucho más ya que debieron aplicar multas que alcanzan los 3 millones 264 mil 500 soles, de acuerdo a informes del mismo Gobierno Regional Puno (GRP).
La posición de los abogados defensores de los tres imputados fue agresiva pero no lograron convencer al magistrado. Los alegatos coincidieron en que no hubo defraudación al Estado, pues el medio millón de soles aún está en las arcas del GRP.
El fiscal había arremetido antes que el acuerdo de conciliación 087-2021, debió contar con la participación del procurador regional, Santiago Molina, y también con el represente del consorcio chino, Chen Junkun Con.
Empero, resulta que un video incautado a Mediar Puno,revela que este no asistió el día del sinuoso acuerdo.
La conciliadora Liliana Larico había confirmado esa grave acusación, indicado que dicho ciudadano solo asistió a dos anteriores reuniones, mas no a la del 20 de octubre, cuando se firmó la polémica acta.
La secretaria de Mediar Puno dijo que el abogado de la referida empresa se llevó el documento y lo devolvió dos días después con la firma de Junkun Con. El contubernio estaba claro.
ALEGATOS
El abogado Wilmer Quiroz, quien defendía al gobernador, alegó además que su cliente no era responsable. Dijo que Luque Chayña estaba “premunido del principio de confianza y dejó entrever que el asesor jurídico lo indujo al grave error. “No hubo concertación solo hubo cumplimiento de actos administrativos”, aseveró.
Para la defensa del ciudadano chino no pudo existir defraudación dado que el acta que se suscribió en el Centro de Conciliación Mediar Puno, indica que se retrotraiga.
“La plata está en las cuentas del Gobierno Regional”, precisó.
El hecho de que el chino no se presentó a la polémica conciliación fue minimizado y hasta aprovechado por el letrado, dado que desechó la teoría de la conspiración. “¿Cómo pudo participar o concertar mi cliente, si no estuvo presente’”, se preguntó.
El abogado del asesor jurídico, apeló a que no existen sustento en la tipificación de los cargos, que la denuncia fiscal era subjetiva porque no hay nada que precise que hubo un daño o defraudación al Estado.
“Para eso, mínimamente se requiere una pericia contable que la Fiscalía no ha alcanzado”.
Todos coincidieron en que al no haber daño al Estado, no puede acusarse de una colusión.
El fiscal refutó la treta en el sentido que la defraudación estaría en que las penalidades no eran de S/ 504 mil 727, sino de más de 3 millones 264 mil soles.
Luque y Martínez serían internados en el penal Yanamayo, mientras duren las investigaciones.
Los tres abogados se mostraron en desacuerdo con el fallo y anunciaron que apelarán.
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