Tal como lo anunció Sin Fronteras, hoy el Juzgado Anticorrupción y de Extinción de Dominio resolverá el pedido de prisión preventiva por el delito de colusión agravada contra el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña; su asesor jurídico, Jhon Martínez Molina; y el ciudadano chino Chen Junkun Con. La audiencia será a las 09:00 horas de manera virtual, por google meet.
La tesis fiscal que dirige William Otazú Pinto, sostiene que estas tres personas con ayuda de los abogados Liliana Larico Berbejo y Hans Larico Apaza, concertaron para defraudar al Estado, anulando una penalidad -ya aplicada- de 504 mil 727 soles, al consorcio chino que construye el Hospital Manuel Núñez Butrón, debido a graves faltas del millonario contrato que supera los 329 millones de soles.
El requerimiento firmado por Otazú Pinto, ingresó ayer en la madrugada a mesa de partes virtual de la Corte Superior de Justicia de Puno, cuya presidencia con Resolución Administrativa 559-2021, delegó al juez Youl Riveros Salazar para que la resuelva.
Solicitan 9 meses de prisión preventiva para el gobernador, el asesor jurídico y el empresario chino. Se desconoce los motivos por qué no se solicita prisión para los abogados de Mediar Puno, pero se cree que habrían decidido colaborar con la justicia.
PRUEBAS
La Fiscalía ha presentado elementos de convicción que evidencian responsabilidad la concertación contra el Estado, y según nuestras fuentes, adjuntaron abundantes pruebas que alcanzan a otros funcionarios del Gobierno Regional Puno (GRP).
PENALIDAD ‘IRREAL’
Uno de las ‘ases bajo la manga’ del fiscal es que han descubierto que inclusive las penalidades aplicadas a la empresa china son irreales o totalmente subvaluadas, dado que no habrían hecho cálculos verdaderos para sancionar algunas faltas gravísimas. Por ejemplo, cuando Supervisión del GRP comprobó que en la obra no se encontró el personal clave en 27 días, debieron imponer S/ 101 mil 200, asimismo tuvieron que computar S/ 787 mil 600 por 179 días, entre otras que obviaron.
Informes de las diferentes áreas a las que accedió la Fiscalía Anticorrupción, indican que las penalidades debieron superar los 3 millones 624 mil, mientras el Consorcio Supervisor las calculó en 620 mil 900; y lo que finalmente aplicaron es solo S/ 504 mil 727.
La hipótesis fiscal que el monto aplicado que luego sería conciliado y anulado, fue una coartada para no cobrar nada. “Queda claro que han encubierto el monto real de las penalidades, y es que exonerar 3 millones sería escandaloso”, dijo nuestra fuente.
Hay que mencionar que, quien debió conciliar en representación del GRP es el procurador Santiago Molina Lazo, quien fue sacado de en medio, y en su lugar, el gobernador regional delegó facultades al asesor jurídico, Jhon Martínez, el mismo que el 20 de octubre anuló los S/ 504 mil 727 de penalidades.
Otro de los datos que olvida la Fiscalía es que al momento, el GRP entregó un adelanto que bordea los S/ 135 millones, cuando el avance físico es de apenas el 1.5%.
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