La Procuraduría Pública del Gobierno Regional Puno (GRP) demandó ante el Poder Judicial la nulidad del acto conciliatorio con que la entidad dejó sin efecto las penalidades por un monto de S/ 504 mil 727 que habían sido aplicados al consorcio chino que construye el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.
Cabe mencionar que esto fue considerado como perjuicio al Estado, y el juez anticorrupción, Javier Arpasi, dispuso la detención preliminar por siete días contra el gobernador regional, Agustín Luque Chayña; el asesor jurídico, Jhon Martínez Molina; el empresario chino Chen Jukun Con; y los conciliadores de “Mediar Puno”, Liliana Paola Larico Bermejo y Hans Larico Apaza.
El fiscal anticorrupción, William Otazú Pinto ha denunciado a estas personas por el delito de concusión en su modalidad de colusión agravada, ya que la conciliación la llevó adelante el asesor jurídico del GRP y no el procurador público del GRP, Santiago Molina Lazo, como indica la Constitución y leyes de la materia.
El 20 de octubre se suscribió el Acta de Acuerdo 087-2021 que anula la millonaria penalidad, y al haber sido autorizada y sacramentada por el gobernador, agotó la vía administrativa.
“Por eso el procurador (Santiago Molina) acudió al Poder Judicial, es allí donde se debe lograr la nulidad”, indicó nuestra fuente.
La polémica conciliación la inició el consorcio chino el 8 de setiembre. Molina Lazo acudió a Mediar Puno, el 28 de setiembre y se fijó que el 13 de octubre se volverían a reunir para analizar las controversias. Pero fue retirado, en su lugar designaron a Martínez Molina.
No obstante, el 19 de octubre, el procurador envía un escrito a Mediar Puno, para que de acuerdo a ley, él sea notificado, pero al día siguiente resolvieron anular las penalidades por más de medio millón de soles.
LUQUE NOTIFICADO
En el último allanamiento, la Fiscalía Anticorrupción incautó un cúmulo de documentos, entre ellos el Oficio 1305-2021, fechado el último 21 de octubre, donde el procurador Santiago Molina, solicitó al gobernador Agustín Luque.
«Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional 373-2021», con que delega a Jhon Martínez, lleve a cabo la conciliación.
También se decomisaron entre otros documentos, el acuerdo de directorio de los gerentes del GRP, que dejó de lado las directivas de ley, para que el asesor legal quede expedito a conciliar en vez del procurador.
Comentarios de Facebook