Ayer por la tarde se divulgaron documentos que podrían atenuar los cargos de la denuncia fiscal por colusión agravada contra el gobernador regional, Agustín Luque Chayña.
En ellos se observa que un día antes de su detención había solicitado que la Contraloría y la Fiscalía intervengan el Gobierno Regional de Puno (GRP).
Con oficio 1310, el titular del pliego se dirige a Nelson Shack Yalta, contralor general de la República, solicitando «acciones de control simultáneo». El documento tiene el cargo de las diferentes oficinas del GRP, con sellos de cada una de ellas desde las 16:59 horas.
El mismo 29 de octubre, también se giró el oficio 1311, dirigido al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, para que ante «los últimos acontecimientos (protestas y encadenamiento de consejeros y dirigentes) solicito de manera personal y a iniciativa propia, que se pueda realizar una intervención fiscal especializada de manera inmediata en las diferentes instalaciones de las oficinas del Gobierno Regional Puno, esto en aras de la transparencia y legalidad de la administración regional…».
Allegados al gobernador consideran que estos documentos desbaratan el interés de perjuicio al GRP, pues él es quien pide las acciones de control y de investigación.
Nancy Cutipa, abogada de la Procuraduría del GRP, dijo que no podría dar declaraciones para no entorpecer la investigación.
Para el abogado Miguel Pino, estos documentos serían imprecisos y comprometedores, porque Luque advierte que ya se habría consumado algún delito.
«Por qué no lo hizo antes, estos lo complican más», expresó.
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