Puno. tras un violento operativo dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y agentes anticorrupción, ayer fue detenido el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, luego que se acumulara pruebas incriminatorias de supuestas irregularidades en el proceso de licitación y construcción del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.
La orden fue dictada en la víspera por el titular del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Extinción de Dominio, Javier Arpasi Pacho. El documento al que accedimos fue notificado el viernes a las 20:52 horas.
La aprehensión de Luque se registró ayer pasado el mediodía, en la salida de la ciudad de Puno, a la altura del kilómetro 6, cuando -según fuentes policiales- se dirigía a la zona sur, posiblemente a Desaguadero para cruzar la frontera a Bolivia.
ALLANAMIENTO Y MÁS…
El magistrado, además de dictar la detención del gobernador, ordenó el “allanamiento, descerraje e incautación, así como el registro domiciliario de oficinas, levantamiento del secreto de comunicaciones y localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, formulados por el fiscal William Otazú Pinto”.
El fundamento fiscal es referido a graves anomalías en el proceso de la licitación pública 003-2019-CS/GR para la construcción del HRMNB, cuya buena pro fue entregada por 329 millones de soles al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, conformado por las empresas China Rayway N°10 Engineering Group CO., LTD Sucursal Perú, y Weihai Construcción Group Company Limited.
La tesis del fiscal Otazú Pinto es que el gobernador, como titular del pliego, habría dirigido acciones que devinieron en un millonario favorecimiento, al delegar a un servidor del GRP para que concilie y no se le aplique una millonaria penalidad ascendente a 504 mil 727 soles.
PENALIDADES
El friolero contrato se suscribió el 2 de julio de 2020, y el 16 de agosto de 2021, debido a notables retrasos, el administrador del GRP, Fredy Gauna Larico, aplicó penalidades a la empresa debido a sanciones por incumplimiento en los meses de noviembre de 2020 hasta abril de este año.
El 8 de setiembre, el representante del consorcio chino, Chen Junkun, inició una conciliación pidiendo la nulidad de las penalidades. El Ejecutivo se muestra esquivo para conciliar, ya que pospone las fechas de una posible negociación, desde el 15, 16, 20, 21, 23 y 27 de setiembre.
LO RETIRAN
Hasta entonces la conciliación se llevaba a cabo de acuerdo a ley; el procurador Santiago Molina Lazo había participado el 28 de setiembre, y allí se fijó fecha de la próxima reunión para el 13 de octubre, pero este servidor sería cambiado de manera inexplicable.
EL ‘CONCILIADOR’
El 1 de octubre de 2021, el gobernador Agustín Luque emite la Resolución Ejecutiva Regional 373-2021, que “DELEGA FACULTADES al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del GRP, Jhon Wilfredo Martínez Molina, para asumir la representación del Gobierno Regional Puno, en las controversias existentes y que se susciten vía conciliación (…) previo acuerdo favorable del directorio de gerentes”.
El procurador regional quedó fuera de la conciliación y en adelante el asesor jurídico resolvería las diferencias con Chen Jukun. Así, el 20 de octubre, con el Acta de Acuerdo 087-2021 se arribó a algo que sería perjudicial para los intereses del GRP: “Ambas partes concuerdan declarar la nulidad de la carta 258-GR-PUNO”, sin más, los chinos se salvaron de semejante sanción.
El fiscal Otazú Pinto ha considerado que ello fue en detrimento del Estado. “Por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades efectuadas al Consorcio, causando de esa forma un perjuicio patrimonial al Estado.
CONTRA LA LEY
“Se debe tener en consideración que la mencionada acta de conciliación adolece de las formalidades establecidas en la Ley de Conciliación, Ley 26872”, alegó el fiscal, y además le enmendó la plana al detenido gobernador regional, que de acuerdo al DS 018-2019, solo los procuradores públicos pueden conciliar o representar al Estado.
El representante del Ministerio Público acentuó también que “la participación de Jhon Martínez violó el mandato constitucional”, ya que además se vulneró el artículo 47 de la Carta Magna.
LOS DELITOS
Los cargos que enfrenta Luque Chayña es concusión en su modalidad de colusión agravada en su calidad de autor, asimismo como cómplices el chino Chen Jukun; el asesor legal Jhon Martínez, y los que llevaron adelante la sinuosa conciliación, Hans Larico Apaza y Paola Larico Bermejo.
De acuerdo al juez Arpasi Pacho, sobre los cuatro pesa una detención preliminar de 7 días, pues existiría razones plausibles de la comisión del delito de colusión agravada y la vinculación de las cinco personas. 
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