El abogado y especialista en gestión pública Jorge Sumari Buendía señaló que si el gobernador de Arequipa y los alcaldes de la provincia realizan una medida de fuerza como una huelga de hambre para exigir que el Gobierno central transfiera el dinero abonado por las empresas mineras Cerro Verde y Buenaventura a la región, estarían incurriendo en omisión de funciones.
Explicó que de acuerdo a los artículos 39 y 40 de la Constitución, ellos son funcionarios públicos que pertenecen al Estado y, como toda autoridad, están prohibidos de realizar cualquier tipo de manifestaciones.
De incurrir en estas acciones, se verían en medio de una investigación. Esto debido a que la protesta para ellos sería un mecanismo no legal, y más cuando son autoridades elegidas por voto popular.
«Esto tiene un tinte político. Buscan las primeras planas en la prensa, pero su anuncio no tiene un impacto jurídico. Así que difícilmente el Ejecutivo podría sucumbir a sus amenazas», refirió.
Sumari indicó que los ediles deben ser conscientes que para ampliar el presupuesto deben pasar por una evaluación del gasto presupuestal.
Es decir, ¿cuánto han gastado?, ¿cuánto dinero van a postergar para el 2022?, ¿qué proyectos tienen en carretera? Si hay evidencia de que han superado las metas, el Gobierno junto al Congreso pueden tratar el presupuesto asignado. De lo contrario, no tomarían en cuenta la solicitud porque más bien pondrían en evidencia su incapacidad para realizar gastos.
Pese a estas advertencias, ayer por la mañana, el alcalde Omar Candia señaló que no han recibido respuesta de Pedro Castillo ni de los ministros respecto a la transferencia de dinero a la región.
Por ello, el burgomaestre ratificó su medida de lucha y refirió que esperarán hasta el último día de plazo; y si no hay respuesta, determinarán su medida de lucha.
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