El decano del Colegio de Abogados, José Arce Villafuerte, se pronunció sobre el juicio contra el alcalde de Arequipa, Omar Candia, que reinició por tercera vez.
Arce Villafuerte estimó que el juicio no debería alargarse más allá de febrero o marzo de 2022, incluyendo apelaciones, ya que no es prudente que haya un cuarto juicio.
«Es preocupante un tercer juicio porque la experiencia enseña que luego de un proceso tan largo, los testigos o peritos pueden decidir no actuar en la investigación por temas de tiempo o cansancio y se pierde evidencia importante», sostuvo.
«Justicia que tarda no es justicia. Todo debe manejarse dentro de un plazo razonable. Tenemos antecedentes del Tribunal Constitucional que han declarado nulos muchos procesos por exceder el tiempo», finalizó.
REINICIO
El juez para casos de corrupción de funcionarios de la Corte de Arequipa, Edy Leva Cascamayta, instaló ayer el nuevo juicio oral contra el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, quien fue denunciado por el delito de colusión agravada por haber adquirido, presuntamente, 40 cámaras de seguridad sobrevaloradas en el año 2012, cuando era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre.
Durante la primera sesión se escucharon los alegatos de apertura del fiscal Rubén Núñez, quien aseguró que el accionar del exalcalde selvalegrino y sus funcionarios de confianza ocasionaron un perjuicio de S/ 2 millones al Estado tras haber adquirido estos equipos por un valor superior al vigente en el mercado, presunta irregularidad advertida por Contraloría.
Por ello, la Fiscalía solicitó 10 años de pena privativa de la libertad para los imputados, quienes, dijo, han defraudado al Estado.
DEFENSA
A continuación prosiguió la defensa del burgomaestre, Julio César Santa Cruz, quien inició su participación ratificando la inocencia de Candia Aguilar.
«No ha cometido delito alguno. No ha cometido los hechos que se le imputa. Y en consecuencia, no se le va a poder probar ningún hecho delictivo. En el transcurso del juicio, no habrá prueba directa ni indicaría. Solo habrán meros presagios, meras sospechas», señaló.
Entre los alegatos de apertura expuestos, negó algún interés del alcalde para adquirir los equipos de seguridad.
Señaló que el interés era institucional, dado que había un proyecto preexistente. En cuanto a la delegación de facultades que hizo Candia al gerente municipal, refirió que la delegación no constituye un acto ilegal. Al contrario, la designación es un acto fomentado por el Estado.
También descartó que el alcalde haya reestructurado el sistema de asesoría jurídica. Además, negó que las comunicaciones de la oficina de Contraloría –advirtiendo irregularidades– hayan llegado a la oficina del alcalde. Así como que tampoco solicitó nulidad de proceso de licitación. El abogado del edil tocó otros aspectos que se desarrollarán a lo largo del proceso.
Después de estos alegatos fue el turno de los demás coacusados.
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