Tacna. El procurador del Gobierno Regional de Puno (GRP), Santiago Molina Lazo, manifestó su rechazo contra la demanda de amparo constitucional que interpuso el Gobierno Regional de Tacna (GRT) para resguardar el proyecto hídrico Vilavilani II.
Refirió que el GRT invoca el derecho constitucional al agua que busca atender el proyecto hídrico, declarado de interés y necesidad, pero pide que contra este no se interponga ningún tipo de acción. “(La demanda) es atentatoria contra el principio constitucional del derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, es hasta anticonstitucional”, manifestó el funcionario regional puneño.
Molina recordó que el juez Saúl Arenas denegó la demanda del GRT, pero la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna revocó la medida e instruyó al magistrado para que admita la demanda y se pronuncie al respecto. Para él es cuestionable el actuar de dicho colegiado y dio a conocer que este se puso en conocimiento del órgano de control. “¿Cómo se puede prohibir que las partes presenten acciones en contra de un proyecto que consideran que está afectando sus derechos?”, cuestionó, al tiempo de agregar que con ello también podría caer la medida cautelar que ganó el GRP. Las autoridades de Tacna presentaron un recurso de oposición y un juez de Puno deberá resolverlo, indicó. En tanto, el consorcio Agua Manantial “no puede mover ni un clavo mientras no exista una resolución contraria”, remarcó.
DEMANDA
El procurador puneño explicó que una de las razones para interponer la demanda que terminó en medida cautelar fue que el GRT y el Proyecto Especial Tacna (PET) mintieron sobre el punto de captación del canal Vilachaullani. Mencionó que las autoridades tacneñas siempre manifestaban que la bocatoma iba a ubicarse al costado del túnel Kovire, pero el expediente técnico indica que será en el río Maure, justo en los límites de los departamentos de Puno y Tacna.
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