Tacna. El Gobierno Regional de Tacna (GRT) presentó en octubre de 2019 una demanda de amparo constitucional ante la Corte Superior de Justicia de Tacna con el fin de proteger el derecho constitucional de acceso al agua que busca garantizar el proyecto Vilavilani II. Al respecto, el gerente general del GRT, Luis Valdivia Salazar, exigió ayer que el juez Saúl Arenas Pérez dicte sentencia. “El proceso debe ser rápido y célere, no es para que se demore dos años”, manifestó.
El funcionario refirió que existen suficientes argumentos para que la demanda sea declarada fundada ante una amenaza latente de Puno, que pretende detener la obra del canal Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca. Explicó que en noviembre de 2020 el juez Arenas declaró improcedente la demanda y en apelación la Sala Civil de Tacna corrigió la resolución y estableció criterios y parámetros para que el magistrado vuelva a dictar fallo.
La demanda fue admitida y se corrió traslado a las partes, entre ellas los procuradores de los gobiernos regionales de Tacna y Puno y el alcalde de Tarata, Pascual Cusi. El procurador regional de Puno, Santiago Molina, nunca se presentó en el proceso, precisó Valdivia.
Para el gerente general regional las autoridades de la región altiplánica no tienen ningún argumento técnico ni legal para sustentar la afectación que alegan con la ejecución de Vilavilani II. “Puno solo tiene un juez a su medida”, cuestionó en referencia a la medida cautelar que emitió la Corte Superior de Justicia de Puno para ordenar la paralización del proyecto hídrico, pese a que no tendría competencia por jurisdicción. Además retó al gobernador y funcionarios regionales de Puno, Colegio de Ingenieros y universidades de dicha región para discutir el tema de forma técnica y zanjar las dudas respecto del proyecto hídrico.
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