El sector de Ventilla, ubicado en la zona noreste de la ciudad de Puno, se ha convertido en epicentro de batallas campales y estafas por el tráfico de terrenos. Uno de los cómplices de los mercaderes es la Dirección de Titulación y Catastro Rural (DRTCR) del Gobierno Regional Puno (GRP), que hasta hace un par de años era la Dirección Regional de Formalización (DIRFO).
Esta entidad es cómplice de que entre los años 2016 y 2017, un total de 89 personas inescrupulosas lograran inscribir predios de manera irregular e ilegal, ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
La titulación estuvo al mando del entonces director de DIRFO, Hitler Lozano Gamarra, bajo la obediente labor de la abogada Ruth Soledad Tito Valdivia; el jefe de Brigada, Juan Carlos Catacora Balladares; el verificador catastral, Erick Aldo Mayta Quisca (fallecido hace poco), y el supervisor, Elmer Quispe Cahui, nada menos que excandidato al Congreso por Acción Popular (AP). Este último validó los formatos y la sinuosa tramitación que llenaron los demás.
El trabajo de la DIRFO fue espantoso y luego de una fiscalización posterior, el 7 de setiembre de 2018, la Dirección Regional Agraria Puno (DRAP) emitió la Resolución 660-2018, que anula las 89 inscripciones en la Sunarp. Este sector concluyó que los servidores de DIRFO no realizaron el trabajo de campo y determinó «ausencia de diagnóstico físico legal en la Unidad Territorial Ventilla.
TRÁMITES FUGACES
Las pesquisas determinaron que hubo una implacable celeridad. Uno de los 89 beneficiados fue Francisco Bonifacio Meneses Díaz, quien el 22 de agosto de 2016 solicitó la formalización de casi una hectárea (9,923 metros cuadrados) en el Fundo Chacarrilla, sector Ventilla. Ese mismo día, se levantaron los trabajos de campo hasta la constancia de posesión e inmediatamente, Quispe Cahui y Mayta Quisca, firmaron la ficha catastral rural.
Este medio entrevistó a Quispe Cahui, quien esquivó su responsabilidad, indicando que su función no es de campo y que solo fungió como mesa de partes, al validar que se llenaran los demás formatos. Dejó entrever que quien debería responder, es el verificador Mayta Quisca, fallecido en la pandemia. Luego se contradijo y aseguró haber ido a la zona.
En las pesquisas, la DRAP determinó que hubo una veintena de personas que colaboraron entre sí para ser testigos unos de los otros, a fin de que la DIRFO les formalice las tierras que jamás poseyeron.
SANCIONES
Rubén Apaza Cruz, titular de la Dirección de Titulación y Catastro Rural (DTCR), sostuvo que su entidad no adoptó acciones contra los servidores que coadyuvaron irregularmente a estas inscripciones.
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