El portal ‘En estas elecciones tú tienes el control’ de la Contraloría advirtió que 5 actuales candidatos al Congreso por la región Arequipa presentan responsabilidades administrativas, civiles y penales reportadas a través de informes de control. El órgano de control, por ejemplo, detectó que el candidato de Acción Popular Luis Salas Astorga fue observado por presuntas responsabilidades en actos de corrupción.
Tres informes de auditoría (Nº 731-2012-CG/GRAR-IL, Nº 415-2013C-CG/GRAR-IL y Nº 001-2011-2-4896) informan sobre una serie de irregularidades en la Municipalidad de Majes, cuando el postulante era subgerente de Asesoría Jurídica. Un informe advierte que en la obra “Instalación de los sistemas de agua potable y desagüe en el Centro Poblado de Pedregal Sur”, el candidato permitió que el postor ganador no cumpla con los requisitos del contrato. Siendo así que en la ejecución de la obra se consintió el cambio del jefe de supervisión por otro profesional sin el perfil requerido. Mientras que otro informe identificó que Salas participó del otorgamiento de aguinaldos y bonificaciones al alcalde y personal de confianza, sustentados en pactos colectivos bilaterales celebrados durante los años 2009 al 2012. Dicha acción generó un perjuicio económico de S/ 136.634,67 a la entidad. El candidato, en ese periodo, en su calidad de miembro de la comisión paritaria, otorgó su visto bueno a la lista de beneficiarios de la bonificación por costo de vida, que incluía a funcionaros en cargos de confianza y al alcalde, pese a ser contrario a la Ley, ya que solo correspondía a trabajadores sindicalizados.
Finalmente, el informe señala que Salas también se benefició con un incremento de remuneraciones.
En similar condición está la candidata Mae Kelly Camargo Concha, del Partido Nacionalista Peruano, al ser acusada por la Contraloría de cometer actos irregulares con recursos del Estado mientras era gerenta de la Municipalidad Distrital de Huanca. Diferentes informes de Contraloría encontraron responsabilidad en Camargo, debido a que participó en la contratación -por servicios de carguío y voladura- de una empresa que no ejecutó dicha prestación generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 96.851,23. En su momento, ella argumentó que se efectuó este pago tras la información que brindó el residente de obra acreditando el cumplimiento del servicio. Asimismo, en sus visitas a campo, también Camargo verificó los trabajos. Pese a sus descargos, la Contraloría señaló que hubo intención de favorecer a una empresa en especial y esto significa ser coautor del delito de peculado. También en la obra de Mejoramiento de la carretera Sincha- Huanca, la candidata participó de la materialización de los pagos e incumplió con su deber de causar y retener la garantía de fiel cumplimiento. No obstante, negó que estuvo laborando en ese momento, pero documentos acreditan su presencia, y que en paralelo se desempeñaba como directora general de administración. Otras de las observaciones que se le hizo a Camargo fue dar su opinión favorable para el pago de dietas a determinados miembros del directorio sin advertir que sus funciones eran ad honorem.
La Contraloría halló responsabilidad en José Carcamo, Fuerza Popular, cuando fue edil del municipio de Caravelí, debido a que su actuar favoreció a una contratista en un corcuso público para el mejoramiento vial de la Carretera Atico-Caravelí etapa III. Tampoco supervisó que la garantía de fiel cumplimiento presentada por el contratista fuera emitida por una empresa que se encontrara dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Además, hizo caso omiso y no dispuso que se realicen los trámites para aplicar las penalidades a la empresa, pese a haber sido informado de manera retirada sobre el incumplimiento de la entrega de maquinarias, generando un perjuicio de S/ 379.162,90.
En Juntos por el Perú, Fernando Zeballos Patrón fue observado cuando fue subgerente de Articulación de Operaciones Especiales de la Red Asistencial Almenara, por participar en la autorización, programación y ejecución de cirugías sin haber acreditado las exigencias para la implementación del RPCT quirúrgico, validando el pago de procedimientos quirúrgicos duplicados y otros reportados en una misma hora y fecha valorizados en S/ 279.997,67 en prejuicio de la entidad.
Finalmente, de Renovación Popular, Esdras Medina Minaya también fue observado por la Contraloría, debido a que cuando fue regidor de la municipalidad provincial en el 2014 aprobó la suscripción del convenio para el procedimiento de selección para la contratación del ejecutor de la obra del subproyecto Construcción del Viaducto Salaverry- Malecón Socabaya sin recibir la sustentación que ameritaba dicha selección. Estas acciones revelan un incumplimiento normativo del regidor que coadyudó a la aprobación sin los requisitos legales establecidos, generando que la entidad comprometa S/ 836.732 de los recursos públicos.
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