Luis Cerrato deberá presentarse en Corte Superior de Justicia o comisarías.Luis Cerrato deberá presentarse en Corte Superior de Justicia o comisarías.

Tacna. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna anuló la resolución del juez Juan Portugal Vega sobre el caso «Los Saqueadores de Ilabaya» y dictó orden de prisión preventiva por quince meses en el penal de Pocollay para el exalcalde del distrito Ilabaya Luis Neptalí Cerrato Tamayo. La medida de prisión también recae sobre el exadministrador municipal José Luis Arocutipa Mamani y el extesorero Carlos Mendoza Herrera.

Como se recuerda, la resolución del magistrado Portugal, del 16 de enero pasado, dejó en libertad a los mencionados investigados bajo comparecencia con restricciones. Ahora se impuso una orden de captura para su reclusión.

La nueva disposición impone además comparecencia restringida para los exregidores de Ilabaya Olson Carpio López, Marcelino Quispe Calderón y Leonidas Mamani Chipana y el exasesor de alcaldía Hugo Hernán Aduviri Soto, quienes deberán pagar cauciones de 15 mil soles, con excepción de Aduviri, quien deberá abonar 10 mil soles. Ellos deberán presentarse cada mes ante el Ministerio Público y no deberán ausentarse de la localidad ni hablar con los investigados y testigos del emblemático caso, de lo contrario se revocará la medida por la de prisión preventiva.

Cabe indicar que la apelación del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Tacna fue aceptada parcialmente, ya que la solicitud inicial era de 24 meses de prisión preventiva para todos los procesados. La presunta organización criminal es acusada de crear trabajadores y servicios «fantasma» para apropiarse de cientos de miles de soles de la comuna de Ilabaya. Según sustentó el fiscal Ludwing Flores Valdivia en las audiencias, la modalidad criminal consistía en que el alcalde y funcionarios de alto nivel ordenaban a empleados municipales generar la documentación que respalde los requerimientos simulados. Por otro lado, los regidores habrían sido sobornados mensualmente para no oponerse a las decisiones del burgomaestre. La Fiscalía obtuvo confesiones de supuestos trabajadores y proveedores que aceptaron que no prestaron servicios a la comuna de Ilabaya pero fueron captados por funcionarios para brindar sus datos a cambio de dinero.

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