Islay. A fines de enero, la Contraloría General de la República (CGR) halló un perjuicio de S/ 1 millón 152 mil en contra de la Municipalidad Provincial de Islay por la presunta irregularidad en el otorgamiento de la revalidación de la licencia de habilitación urbana de la urbanización campestre Arizona, ubicada entre Mollendo y Mejía.
Dicha revalidación ocasionó que se produzca la recepción de obra con modificación del cuadro de aportes, se incluya una manzana adicional y la venta de lotes en área de reserva para fines municipales.
Es decir, el funcionario a cargo, en ese momento Jesús Llerena Llerena, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y que ahora tiene responsabilidad penal y administrativa, aprobó en el 2017 que el área de reserva, asignada para el Estado, se redujese de 3.403,75 m2 a 1.366,36 m2, a fin de que una manzana sea destinada para lotización.
Como resultado, el área destinada para vivienda incrementó su metraje, pasando de 27.534 m2 a 29.534 m2. Estos cambios favorecieron a la familia Chang Padilla, principales directivos de la urbanización.
IRREGULARIDADES
Sin embargo, esta no es la única irregularidad que halló en su informe de control Javier Urday Fernández, jefe del Órgano de Control Institucional del municipio de Islay, sino también advirtió que Llerena no consideró la opinión legal del área jurídica de la entidad.
Además, también se responsabiliza a Juan Carlo Cáceres Castañeda, subgerente de Desarrollo Urbano, debido a que en un informe sostiene que el administrado, Chang, cumple con los requisitos y disposiciones del TUPA establecido en la municipalidad; asimismo, en la verificación técnica, el plano de lotización y memoria descriptiva respetan el cuadro de aportes, el número de manzanas y lotes, además de las áreas de cada lote, establecidos en la resolución que permitió la habilitación en 1990.
No obstante, esta información no figura en los archivos de la gerencia, como se evidenció cuando la nueva gestión del alcalde Édgar Rivera la solicitó en noviembre de 2020. Entre otras observaciones, la Contraloría también hizo hincapié en el proceder del gerente Llerena durante el 2015, cuando se evaluó la solicitud presentada por el representante de la familia Chang para la revalidación de la licencia, porque en esa oportunidad declaró improcedente el pedido.
SUSPICACIAS
Luego de la emisión del informe de Controlaría, el funcionario de la oficina de control, Urday Fernández, fue removido a la Municipalidad de Yura. Sin embargo, esta acción genera suspicacias en uno de los denunciantes de la irregular revalidación de la licencia, quien nos pidió mantener su nombre en reserva, porque si bien la norma indica que, una vez vencida, solo se puede prorrogar una vez la vigencia del cargo del funcionario de control, y esta fue prorrogada, luego Urday Fernández fue removido a un lugar periférico y descendido de puesto. El denunciante sospecha que esto tendría que ver con el puesto que ocupa Clemencia Padilla, parte de la familia Chang, en la Contraloría.
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