Cercado. La Sala de Extinción de Dominio que en adición resuelve casos de corrupción de funcionarios en la Corte de Justicia de Arequipa, emitirá hoy, jueves 28 de enero, el fallo de la apelación de la sentencia de 6 años de cárcel contra el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, dos exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre y dos empresarios, por el delito de colusión agravada, debido a la compra irregular de 40 cámaras de seguridad para dicho distrito en el año 2012.
Hasta el momento, la situación legal del burgomaestre es incierta. Sin embargo, según los especialistas Jorge Sumari, abogado especialista en Derecho Municipal, y Gonzalo Banda, politólogo, existen tres posibles escenarios en esta segunda instancia, respecto a la decisión de los jueces superiores Max Rivera Dueñas, Orlando Abril Paredes y Percy Chalco Callo.
POSIBLES CAMINOS
La primera es que los magistrados confirmen la primera sentencia, es decir, ratifiquen la pena de 6 años de cárcel y el pago de la reparación civil fijada en 2 millones 100 mil soles. De confirmarse el fallo, el efecto es inmediato, el alcalde sería recluido en el penal de Socabaya y se dispone la figura de suspensión de su actual cargo así presente un recurso de casación.
Este proceso administrativo inicia con la notificación oficial de la Corte de Arequipa al Pleno de Concejo. Los regidores deberán sesionar de manera extraordinaria para aprobar la suspensión. Con la documentación conforme, automáticamente el cargo recaería en Ángel Linares Portilla, primer regidor y exalcalde de Characato.
La suspensión se dará hasta que la Corte Suprema de Justicia revise el recurso de casación. En caso esta instancia superior dé por consentida la sentencia, Candia Aguilar será vacado del cargo y el puesto será asumido de manera definitiva por Linares.
La suspensión de las funciones del edil también se efectuaría si se da un segundo escenario: la modificación de la sentencia con menos o más años de pena.
Cabe recordar que en este segundo juicio, tanto la fiscalía como los acusados pidieron que se reconsidere la decisión del juez Max Bengoa. Los acusados se han declarado inocentes y solicitan que se anule la sentencia, mientras que el fiscal Carlos Herrera ha demandado que se incremente la pena hasta 10 años.
El tercer y último escenario y el que más les conviene a los procesados, según Sumari, es la anulación de la sentencia y la orden de un nuevo juicio oral por vicios en la interpretación de la norma, argumentando que tal vez no se ha seguido el debido proceso.
Por su parte, Banda expresó que esta alternativa tiene altas posibilidades de concretarse, puesto que a veces los tribunales muestran cierto temor a absolver a los procesados, y más cuando se trata de figuras políticas, así que para evitar el mal rato optan por la salida salomónica y retroceden el proceso hasta el momento en que se presentó la nulidad.
En la cita de hoy, a las 15 horas, se dictará también el fallo contra Juan Lipe Lizárraga, Reynaldo Díaz Chilo, José Ríos Sánchez y Sandro Constantino Martínez Rondón, acusados, como el alcalde, de comprar cámaras sobrevaloradas y direccionar la licitación.
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