La planta de producción ha sido supervisada por sus compradores en el extranjero.La planta de producción ha sido supervisada por sus compradores en el extranjero.

El 9 de marzo de 2020, la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos de San Román, amplió investigación por 36 meses por el presunto delito de lavado de activos en su modalidad de conversión y transferencia, contra la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (Cecomsap).

El caso se ventila en el expediente 2706125700-2017, seguido contra el expresidente Pedro Ccori y sus socios y funcionarios, e incluyeron cargos de organización criminal.

La Fiscalía postula que Cecomsap no cuenta con la certificación ambiental ni resolución de inicio y reinicio de operación minera, ni autorización de uso de agua, no cuenta con CIRA, «concluyendo que la Cecomsap son causantes de la minería ilegal…”

“… con este dinero ilegalmente obtenido, han adquirido el terreno, realizado la construcción de 9 pisos… Asimismo, con esos dineros de procedencia ilegal también se ha construido la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cecomsap Limitada, cuya finalidad es la de otorgar préstamos a los socios, personas naturales y la micro empresa, dinero que habría sido convertido en la cooperativa con la finalidad de desestabilizar el sistema económico financiero de la región”.

DESCARGOS

Las imputaciones temerarias fueron desechadas una a una por el asesor legal de Cecomsap, Joseph Enríquez Mamani, quien consideró que ello constituiría una persecución y acoso a la empresa formal, que en los últimos años ha tributado con más de S/ 12 millones al Estado.

“Cecomsap es una empresa formal, tenemos reinicio e inicio de operaciones, las diez cooperativas que la integran son formales, al amparo de la Ley 27651 y el Decreto Legislativo 1105. La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y la Dirección General de Formalización Minera de Lima – DGFM, nos otorgó todos los permisos, licencias y autorizaciones”, refiere.

Mostrando escrituras, resoluciones, documentos normativos de minera y gestión ambiental, aseveró que su representada “no realiza trabajos de minería informal, menos de actividades ilegales, como pretende hacer ver la Fiscalía de Lavado de Activos de Juliaca”.

CRASO ERROR

Increpó a la Fiscalía de cometer un craso error, al denunciar a los socios de Cecomsap, cuando esta es la que en el año 2016 pidió la inspección de la DREM para que constate que terceras personas efectuaban minera ilegal sin su autorización de sus titulares.

“Producto de dicha constatación se emitió el Informe Nº 044-2016 del 21 de abril de 2016, cuyo informe fue remitido a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y esta Fiscalía inicia una investigación por lavado de activos a los representantes legales y directivos de la Cecomsap que denunciaron estos hechos y no contra las personas que venían realizando actividades mineras ilegales y que están detalladas en el informe antes mencionado”, fustigó el abogado.

EXPORTADORES

Enríquez Mamani refiere que tal es la formalidad y legalidad de Cecomsap, que exportan su producción de oro a Suiza y la India. “Nos molesta este acoso, porque cumplimos con todo los canales de verificación. Aduanas vigila los protocolos de trazabilidad, desde la zona de producción. Deberían ir tras los grandes evasores, los ilegales» , añadió, y dijo que muestra de ello ‘Fair Trade’ les dio la certificación internacional para la producción y venta de oro.

LA COOPERATIVA

El asesor legal consideró que la imputación de ‘desestabilizar el sistema económico financiero de la región’, es mezquina y villana. “Las ganancias de las 10 cooperativas y sus más de 360 socios se han reinvertidos en la población de Juliaca. No nos perdonan la construcción de un edificio moderno donde funciona la Cooperativa y oficinas de la Cecomsap y sus socias. ¿Querían que invirtamos en otro lugar?; no. Los socios de la región y quieren verla próspera. Esto ha causado la incomodidad para iniciar esta investigación sin sentido. Por qué no agilizan los 36 meses.

Tenemos la documentación y la verdad”, sostuvo.

BANCARIZADO

El letrado precisó que la Fiscalía debería cruzar información contable, porque todas las transacciones están debidamente documentadas y bancarizadas. “En su debida oportunidad se ha presentado los descargos con la documentación pertinente; sin embargo, las autoridades aún no se pronuncian sobre sobreseimiento o archivo de dicha investigación”, advierte.

CRIMEN ORGANIZADO…

Finalmente, consideró que él también fue incluido en la investigación por la supuesta organización criminal, debido a la compra de una camioneta de segundo uso que le vendió el exgerente, tras vender otra que tuvo. “Eso está bancarizado, todo ha sido legal”, finalizó.

Comentarios de Facebook

También te puede interesar

Carlos Anderson sobre compra de aviones militares: Los que se oponen no son antipatriotas

El parlamentario no agrupado Carlos Anderson, en entrevista con