Tacna. La Contraloría General de la República detectó situaciones de riesgo durante una supervisión realizada al funcionamiento del denominado hospital COVID-19 ubicado en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, valorizado en más de S/ 42 millones, causadas por el incumplimiento de algunas de las especificaciones contempladas en el expediente técnico de la obra destinada a la atención de pacientes diagnosticados con el virus de la COVID-19. El informe de control concurrente 027-2020-OCI/5352-SCC detalla que el adecuado funcionamiento de los grupos electrógenos del nosocomio no está garantizado, debido a que a la fecha no se encuentra habilitado el tanque destinado a abastecerlos de combustible.
Asimismo, las tuberías de escape del aire que expiden estos equipos durante su operación no cuentan con juntas de expansión flexibles y seguras para soportar vibraciones y aire caliente. La comisión de control detalla que actualmente estos conductos están compuestos de una plancha de metal sujetada provisionalmente con alambres, pero antes de ello estaban cubiertos de material inflamable que se quemó durante su funcionamiento y activó la alarma contra incendios.
La Contraloría también comunicó al gobernador regional Juan Tonconi que las unidades extractoras del aire que circula al interior del establecimiento no garantizan la inocuidad del mismo al ser expulsado al exterior, lo cual constituye un riesgo para el personal administrativo, técnico y personas que transiten por la zona.
Los riesgos también se extienden a la morgue, que no cuenta con equipos de congelamiento, mientras que el área de nutrición y dietética no tiene condiciones para la adecuada conservación de alimentos perecibles y no perecibles. Ambos casos podrían afectar las condiciones de salubridad en el establecimiento de salud.
Finalmente se advirtió que la instalación del caldero del sistema de vapor se encuentra inconclusa y este presentó algunas fugas en válvulas, lo que limita el funcionamiento de la línea de vapor que llega al servicio de nutrición, laboratorios y lavandería y afectaría la adecuada prestación del servicio de salud.
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