El 4 de enero, el médico Darwin García Ramos, fue designado como director de la Red de Salud de Puno y tras asumir el cargo comenzaron a realizarse acciones cuestionables, como despidos de algunos trabajadores cuyo contrato fue invalidado. En este contexto, varios empleados de los centros de salud mental comunitaria se vieron afectados, pero en la víspera una comitiva se reunió con el funcionario y acordaron que continuarán laborando.
El problema partía desde que García Ramos pretendió desconocer estos contratos, pero durante el diálogo los trabajadores explicaron que ellos laboraban por una disposición del Ministerio de Salud (Minsa), cuyo documento los avala para seguir ejerciendo sus funciones ya que se dispuso un presupuesto para sus remuneraciones.
Al respecto, el director general del Minsa, Aldo Lucchetti, dispuso que las direcciones regionales de Salud de todo el país garanticen la continuidad, sostenibilidad y operatividad de los servicios de salud mental comunitaria y otros (como el SAMU). Para ello, les recordó que ya existe presupuesto asignado.
CONDICIONES
Uno de los trabajadores, de quien reservaremos su nombre por cuestiones personales, dijo que al pretender invalidar sus contratos, se veían afectados 52 trabajadores de salud, entre médicos, psiquiatras, enfermeras y personal administrativo, quienes realizan todo un tratamiento para fortalecer la confianza de los pacientes.
Asimismo, dijo que en la zona sur solo existen dos centros de salud mental comunitario, uno en Acora, otro en Puno y un hogar protegido.
EL CONFINAMIENTO
Por otro lado, con el confinamiento a causa de la covid-19, varias personas sufrieron secuelas mentales por la situación que golpeaba a la región y mediante estos centros se venían dando tratamiento a los pacientes que lo requerían.
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