Aquí hay un agravante: ellos sabían muy bien lo que podía pasar, pero aun así lo hicieron. No les importó que casi el 80% de los peruanos, según una encuesta de Ipsos realizada en octubre, quería que Martín Vizcarra termine su mandato, lo que, no obstante, de ninguna manera significaba eximirlo de investigaciones por posibles delitos cometidos cuando era gobernador regional de Moquegua.
A 105 congresistas no les importó lo que la mayoría de peruanos quería. Representan a los ciudadanos, son sus voceros, se deben a ellos, pero terminaron dándoles la espalda, cortaron cualquier conexión con los deseos del pueblo que los eligió y actuaron sobre la base de sus propios intereses y ambiciones. Este fue el primer golpe a la democracia.
No se necesitaba ser experto para prever lo que pasaría: la ciudadanía –sintiéndose traicionada, burlada, vapuleada– reaccionó y tomó las calles. El torpe nuevo presidente Manuel Merino de Lama solo supo agravar la situación con un rosario de errores, uno tras otro. El primero de ellos fue elegir como primer ministro a Ántero Flores-Aráoz, cuyo estudio de abogados defiende a Telesup, universidad con licencia denegada por parte de la Sunedu.
Luego siguió la minimización de las protestas y el pedido a la Policía de poner mano dura con los manifestantes, lo que enardeció más a la multitud.
Desde el punto de vista legal, no había razón para sacar a Vizcarra. Lo dice la mayoría de constitucionalistas de este país. Entre las causas para vacar a un presidente de la República no hay ninguna que tenga que ver con que este sea investigado o sospechoso de algún delito. Los congresistas apelaron a la “permanente incapacidad moral”, y esto, obviamente, quiere decir impedimento mental, lo que es una causal objetiva, sin margen o mucho margen para las interpretaciones o subjetividades.
Sin embargo, los congresistas interpretaron lo “moral” como “comportamiento ejemplar”, y terminaron concluyendo que si un presidente es cuestionado, con una reputación en entredicho, tiene que ser vacado. Estuvieron equivocados. Sabían que estaban obrando mal –les dijeron–, pero no les importó. Desde su errado punto de vista, es más fácil vacar a un jefe de Estado que a un presidente de una asociación de padres de familia.
Lo moral, como lo han interpretado los congresistas, es muy, pero muy subjetivo. Bastará con decirles que cada ser humano tiene una moral diferente y que no hay nada más relativo que esta. Si es por una cuestión moral, desde mi moral o desde la moral de cualquier otro, el 90% de congresistas debería irse a su casa.
A los que digan que la vacancia fue con arreglo a ley, pregúntenles en qué parte de la Constitución dice que se puede vacar a un presidente por estar cuestionado, ser sospechoso de un delito o estar acusado. Contra Vizcarra ni siquiera hay una acusación fiscal. No hay acusación, no hay proceso, no hay juicio, no hay sentencia; no hay nada. Hasta ahora solo hay indicios.
Vacar a un presidente a 5 meses de las elecciones, en este contexto de pandemia y crisis económica, e interpretando a su antojo la Constitución, fue un claro golpe de Estado. Los congresistas que votaron a favor de la vacancia merecen, mínimo, el desprecio de todos, cuando no la cárcel. Sus manos están manchadas de sangre.
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