Luego de ocho horas de audiencia virtual, el juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra los suboficiales César Augusto Salazar Jauregui (36) y Edwar Augusto Revilla Vargas (36), pertenecientes a la Policía de Carreteras.
Los abogados al final de la audiencia apelaron la resolución del juez que ordena la ubicación y captura a nivel nacional de ambos agentes investigados por la presunta comisión de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
La fiscal, Jessica Evangelista Silvestre, fue la encargada de sustentar el pedido de prisión. Explicó que el 30 de julio del 2020 a las 12:00 del día en la zona de Cochas, distrito de Chinchao, los dos policías decomisaron 315 kilos de hoja de coca que eran trasladados en el automóvil negro Hyundai AZP-201 conducido por Lindon Tapia Martel.
La mercadería era de Donita Yuli Fernández Santiago, quien a través de otras personas conoció que solo 100 kilos fueron internados en Enaco Huánuco.
Enterados que la comerciante estaba averiguando, Salazar Jauregui la llamó para pedirle disculpas y que en adelante iban a permitirle pasar su “carga”.
Pese al ilegal acuerdo de policías y comerciante, el 11 de agosto del 2020, Edwar Revilla, quien estaba como conductor del patrullero EPF-073 y César Salazar como operador, incautaron 90 kilos de hoja de coca que eran trasladados por Tapia Martel, conductor de la primera intervención y la coca era de propiedad de Donita Fernández. La intervención fue en la zona de Limónpampa.
Lindon Tapia, quien conocía del acuerdo que realizaron con la comerciante optó por acercarse al patrullero y decirles que ya habían conversado con la dueña, ante ello Revilla y Salazar, dijeron que no.
El segundo de los nombrados pidió al conductor que marque el número de Donita para explicar de la intervención y decirle que necesitaban 2 mil soles para no internar su coca a Enaco. Según la fiscalía, Lindon, llamó en dos oportunidades a la comerciante para informar sobre la petición del dinero y a tanta insistencia, aceptó que vayan a su casa en la urbanización Los Pinos Mz. C Lte. 9, en el distrito de Amarilis para arreglar.
Ante ello, los policías escoltaron al automóvil hasta la casa de la ahora denunciante para recoger el dinero que habían acordado para no incautar los 90 kilos de hoja de coca.
Al llegar a dicho inmueble, Salazar Jauregui, fue quien bajó del patrullero para ir en busca de la comerciante.
Tras explicarle que solo podía darle 500, el policía enfurece y discute con Donita, pero al ser encarado por Norma Fernández Santiago, hermano de la comerciante, Salazar huye del lugar.
SIGUIÓ EN LO MISMO
Después de lo ocurrido el 11 de agosto, Salazar Jauregui volvió a llamar a la denunciante para pedir el dinero por haberla dejado pasar los 90 kilos de hoja de coca. Ante ello, Donita Fernández orientada por sus parientes decidió reportar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción; justo cuando la fiscal recepcionaba la denuncia, el policía llamó nuevamente para insistir por el pago.
Las cuatro llamadas que hizo ese mismo día, fueron grabados en presencia de la representante del Ministerio Público. Asimismo, Edwar Revilla Vargas, llamó varias veces a Tapia Martel para pedir que interceda ante Fernández Santiago y no continúe con su denuncia. Lo expuesto por la fiscal están respaldados por audios y vídeos.
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