Funcionarios de EPS cuestionan decisión judicial.Funcionarios de EPS cuestionan decisión judicial.

Tacna. En riesgo de perder su financiamiento por S/ 205 millones se encuentra la nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), debido a que la Sala Penal de Apelaciones de Tacna favoreció a un grupo de invasores del predio destinado a la ejecución del proyecto en el sector Magollo.

Funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna informaron ayer que el 2017 se inició un proceso penal por usurpación agravada que fue declarada fundada, pero los ocupantes ilegales de la Asociación Agropecuaria Industrial Señor de Hospicio II apelaron y la sala anuló la orden judicial.

El asesor legal de la EPS Tacna, Adán Vargas, indicó que la sala no consideró que el terreno de 362,25 hectáreas es un bien de uso público y de acuerdo al decreto legislativo 1366, se debe solicitar opinión a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) antes de emitir un fallo o medida cautelar. Mencionó que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna debe volver a pronunciarse.

La EPS pedirá que se respete el bien de interés público, ya que la sala consideró pruebas falsas presentadas por la asociación, pese a que no tiene ningún documento que acredite su posesión, ya que el terreno está inscrito a nombre de la entidad ante Registros Públicos (Sunarp). Por usurpación agravada y falsedad genérica están denunciados los dirigentes José Aro Chino y Derly Vilcarana Capia, quienes además recibirán otra denuncia por haber instalado tranqueras que impiden a la EPS ingresar al terreno, refirió Vargas, quien contó que fueron apedreados por unas 20 personas.

El proyecto del PTAR está listo, pero se requiere la libre disponibilidad del terreno. Ante esta situación, el ministro de Vivienda, Carlos Lozada, se comprometió a brindar apoyo legal a través de la procuraduría de la cartera con el fin de resolver el caso lo más pronto posible, dijo el gerente general Juan Seminario, quien lamentó que se corra peligro de perder el financiamiento y alargar la espera de miles de pobladores que se quejan de la planta de aguas residuales de Copare, la cual piden que sea reubicada.

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