Bustamante y Rivero. La obra en la vía de ingreso a Arequipa, la Variante de Uchumayo -que era parte del sistema nacional de carreteras, pero ante la insistencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le transfiere la competencia-, se ha convertido en una de las más cuestionadas en los últimos años.
La Contraloría halló varias irregularidades sobre la expropiación de terrenos, elaboración de expedientes técnicos, sobrevalorización; en los que hasta el año pasado estaban involucrados exfuncionarios y servidores de la gestión anterior del GRA.
Ahora, la exgobernadora Yamila Osorio Delgado es involucrada en un presunto acto de corrupción. De acuerdo a la resolución fiscal a la que accedió un medio nacional, se dispone la investigación preliminar contra la exautoridad por los delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir, la misma que estará a cargo del miembro del equipo especial Lava Jato, el fiscal Germán Juárez.
De acuerdo a las pesquisas, Osorio estaría implicada en pagos ilícitos de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) a cambio de la adjudicación del tramo III de la obra de mejoramiento de la Variante (el GRA encargó el proceso al Organismo Internacional para las Migraciones-OIM), por 92 millones 604 mil 122 soles.
En el documento se señala que dos aspirantes a colaboradores eficaces declararon a la Fiscalía que, a pedido de Osorio, solicitaron a la empresa 2 millones de soles, dinero que habría sido entregado durante la ejecución del proyecto por Carlos Zariquiey, “quien cumplió con dar parte de lo pactado, S/ 450 mil en total, efectuado en distintas entregas”.
Sin embargo, a fines del 2017, al no cumplir con el pago del resto de lo solicitado, señala el fiscal, el GRA resolvió contrato con la empresa.
Osorio Delgado negó las acusaciones y dijo a El Comercio (se informó que no volvería a pronunciarse) que no enviaría a nadie hacer una cosa así. Además, calificó el hecho como una venganza por los 30 millones de soles que ejecutaron en fianzas.
La exgobernadora también aclaró que las dos veces –que recuerda– que vio a Fernando Castillo Dibós, dueño de ICCGSA, fue para se comprometa a terminar la obra. Negó haberse reunido –como relataron los aspirantes a colaboradores eficaces– con Castillo para increparle el incumplimiento de los pagos.
Cabe señalar que en la investigación están incluidos Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados, dueño y gerente de la empresa ICCGSA,
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