Tacna. Funcionarios del Gobierno Regional de Tacna (GRT) respondieron el martes pasado ante el grupo de trabajo de la comisión de Fiscalización del Congreso que investiga las irregularidades en la construcción y equipamiento del hospital Hipólito Unanue, entre ellas la firma de la adenda 6 del contrato para la ejecución de la obra.
El grupo parlamentario, por Héctor Maquera e integrado por Edgar Alarcón y Carlos Almerí, interrogó al exasesor jurídico y actual gerente general del GRT, Luis Valdivia Salazar, y a la excoordinadora de obra Elvira Calla Aquise en el ex Palacio Municipal.
Valdivia Salazar, quien en su calidad de asesor jurídico el 28 de febrero de 2019 emitió opinión favorable para la suscripción de la adenda 6, manifestó ante los congresistas que se ratificaba en su decisión, señalando que se basó en recomendaciones que hizo la Contraloría General de la República. “Fue una decisión técnica y discrecional (bajo criterio individual)”, sostuvo el funcionario, alegando que la adenda evitó que se ejecute la demolición del antiguo edificio del nosocomio, donde actualmente se continúa atendiendo a pacientes.
Por su parte, Calla Aquise, quien emitió informes recomendando la firma de la adenda, dijo que la Contraloría recomendó adoptar una medida, mas no firmar una adenda. Esta “fue una decisión discrecional de la entidad”, puntualizó.
A su turno, el actual asesor jurídico del GRT, Renzo Ruiz, explicó que la Contraloría observó el orden de las actividades constructivas, indicando que no es dable demoler sin haber construido y equipado. Fue entonces que los funcionarios del GRT vieron como única salida alterar la secuencia del calendario acelerado sin modificar el plazo ni presupuesto, añadió.
Asimismo, refirió que al momento de la firma de la cuestionada adenda no procedía la intervención económica ni resolución de contrato de la obra porque para ello se requiere un nivel de retraso del 80 %.
Valdivia explicó también que la medida cautelar que blinda al consorcio Salud Tacna impidió desde marzo de 2019 intervenir la obra o anular o resolver el contrato. Sin embargo, por hechos posteriores, como presuntos delitos en la compra de equipos médicos, en junio de 2020 se resolvió el contrato con los consorcios ejecutor y supervisor.
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