Paucarpata. La presión aumenta para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) luego que la empresa Cobra reiteró su intención de continuar con la resolución del contrato del proyecto Majes Siguas II. Esto en medio de la espera para que el pleno del Congreso de la República debata la garantía soberana que se necesita para reactivar la obra.
La semana pasada debía tratarse, pero se suspendió y hoy se agendaría el proyecto de ley para que el Estado otorgue un aval de 104 millones de dólares para la adenda 13 al contrato de Majes. La adenda propone mejorar la tecnológica al sistema de distribución de riego.
Ocurre que en una segunda carta enviada el jueves pasado, la concesionaria rechazó el plazo de ampliación que solicitó el GRA hasta el 17 de abril del 2021 para la aprobación de la adenda 13. Aduce motivos de fuerza mayor por la pandemia del nuevo coronavirus covid-19.
Para la concesionaria ese aplazamiento no procede porque en el acta firmada el 30 de junio de 2020 entre ambas partes se suspendía la aprobación hasta el 31 de octubre a causa de la enfermedad. Y ya estaría por cumplirse.
Además, la empresa atribuye que la suspensión estaba sujeto al cumplimiento del GRA de contar al 7 de setiembre con el visto bueno de la adenda por parte de Proinversión y al 23 del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no se cumplió esos compromisos y por eso activó el mecanismo de caducidad del contrato.
En una entrevista sostenida con Augusto Palaco, apoderado legal del GRA, dos días antes de la remisión de la carta, el funcionario reveló que sostuvieron hasta dos reuniones cordiales con los representantes de Cobra y había la predisposición de ampliar los plazos por las gestiones ante el Congreso.
Explicó que para el GRA no se configura el vencimiento de plazos de manera unilateral y es por eso que pidieron ampliar la suspensión de obligaciones por el mismo tiempo en que duró la emergencia por el covid-19 que impidió continuar con los procesos de aprobación de la adenda 13.
En ese entonces, Palaco dijo que la primera carta enviada era un mecanismo de presión porque la empresa consideraba que no había avances para viabilizar la adenda por parte del Gobierno.
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