La Contraloría General detectó que 3 mil 864 personas que se encuentran privadas de su libertad por diferentes delitos fueron designadas como responsables de cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles en “nombre” de su familia, aun cuando la pauta técnica establecida por el Estado, los excluye para dicha designación.
El órgano de control cuestionó que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 use como fuente primaria solo la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a pesar de la necesidad de contrastar esta relación con la del Registro Penitenciario del INPE, a fin de conocer quienes se encuentran privados de su libertad.
De la revisión realizada se verificó que el 18.69% del total de internos (722 de 3.864) cobraron el bono por la suma total de 548,720 soles, mediante banca celular, billetera electrónica y depósito.
Este hecho pone el riesgo la economía de las familias porque se desconoce si el dinero llegó efectivamente a los hogares.
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