Cercado. Para el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, el presidente Martín Vizcarra debió reconocer sus errores y ver cómo fortalecer las relaciones con el Poder Legislativo; pero también precisa que el mandatario debe terminar estos meses que le quedan de gestión.
Esto en relación a la moción de vacancia presentada en el Congreso el último jueves y aprobada ayer.
Si hay una vacancia –advierte–, los efectos los vamos a sufrir todos, va a tener consecuencias primero en el manejo de la pandemia, en la economía y otros sectores. Además que distrae la tarea del Ejecutivo, que debe estar pensando en los grandes objetivos nacionales.
“No se cuán racional sería proceder con una vacancia presidencial y agudizar aún más el escenario que nos ha tocado vivir (…) Creo que lo que está pasando en el país demuestra la fragilidad institucional. Estamos volviendo a un escenario de inestabilidad”, declaró a la prensa.
Como se recuerda, esta crisis política se originó con las investigaciones sobre contrataciones irregulares a Richard Cisneros, a quien ahora, tras la difusión de unos audios, vinculan con el presidente. Vizcarra negó haberse reunido con él, pero esto sería mentira. La moción de vacancia por incapacidad moral procedió por estos hechos.
Para Candia, esta causal de vacancia, si uno observa con objetividad, es una causal bastante ambigua. En la tradición constitucional, explica, esta causal de incapacidad moral permanente hace referencia a la incapacidad mental.
“En el país, en los últimos años ha tenido una interpretación relacionada a la inconducta funcional, y se ha generado una amplitud tan grande que cualquier hecho, que podría ser relacionado con una inconducta, puede subsumirse dentro de esta causal”, agrega.
Por ello, advierte, es peligroso, porque dentro de una democracia constitucional siempre la sanciones tienen que interpretarse de manera restrictiva, y hay que ser muy cuidadosos cuando se tienen causales de vacancia tan amplias para una investidura como la del presidente, que puede generar inestabilidad y crisis política y afectaría el funcionamiento del aparato estatal.
“El Congreso debe pensar en el país, y creo que la decisión más idónea es que si hay responsabilidad, el caso pase a la Fiscalía de la Nación; el presidente no puede ser acusado, pero sí investigado (…) Pero que no se proceda a la vacancia”, puntualizó.
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